Presión

Si nadie lo remedia antes, esta semana asistiremos una vergonzosa muestra de corporativismo con el paro, más o menos encubierto, previsto para el martes, de los jueces y de los secretarios judiciales. Todos por las medidas adoptadas en razón de sus funciones por parte del Ministerio de Justicia contra la secretaria judicial, Juana Gálvez en el llamado caso Mariluz y por las manifestaciones de distintos integrantes del Gobierno, encabezados por el propio presidente, José Luís Rodríguez Zapatero en favor de una sanción ejemplar al juez Tirado.

Unas opiniones que este colectivo ha interpretado, nada más y nada menos, que como toda una injerencia del poder político en el judicial. Como si las resoluciones que adoptan, no dichos jueces, sino el órgano que les gobierna, el CGPJ, no se pudieran cuestionar en público.

Está bien claro que en absoluto ha habido un intento de influir en el trabajo de cada uno de ellos a la hora de redactar sus sentencias, simplemente, se ha puesto de manifiesto la levedad del castigo que se había comtenplado para Tirado, consideracion, por cierto, muy coincidente con la que se percibe en la calle.

En este sentido, por tanto, no deben sentirse presionados, ya que saben muy bien que es legítimo mostrar rechazo y disconformidad contra las iniciativas disciplinarias que se han adoptado por el anterior Consejo, cuya actuación, por cierto, ha estado marcada por el sectarismo y la arbitrariedad.

De modo que no nos traten de engañar con esta bochornosa acción de protesta cuyas consecuencias vamos a pagar, directamente, los ciudadanos y no ellos, precisamente, puesto que este paro provocará más lentitud, si cabe, a la maquinaria judicial. Se molestan en hacer ruido ahora, porque de lo que se trata es de tapar a los suyos, que han quedado en evidencia ante toda la sociedad y para ello no dudan en plantearle descaradamente un pulso al Gobierno para que se les deje hacer.

Un desafío en toda regla que está por ver cómo va a acabar y que cobra mayor relieve si recordamos los errores detectados en ese juzgado de marras. Aparte de los cometidos por el propio Tirado, llaman en especial la atención los fallos percibidos en el trabajo de Gálvez, marcado por la negligencia y los retrasos injustificados, lo que permitió que Santiago del Valle permaneciera libre. Pero es que, además, esta funcionaria llegó, incluso, a ¡ordenar su detención! y no por quien corresponde, como es el juez. Chapuza total que no cabe culpar a la administración pública de turno. El que la hace debe pagarla, así de sencillo.