El modelo intervencionista
Los planes de rescate bancario en EE UU y Europa tienen hasta ahora dos consecuencias notables, casi paradójicas. La primera de ellas es que los agentes económicos y los analistas de la más variada tipología, desde economistas hasta políticos, han aceptado con suma naturalidad el principio de intervención del Estado como única solución posible a una crisis que incluye casi a partes iguales ignorancia -ni las autoridades económicas ni los propios mercados conocen todavía la profundidad del deterioro de los activos- y desconfianza -en consecuencia, los bancos no se prestan en el interbancario-, con unas gotas de histeria que parecen propios de todo crash que se precie. Es más, se ha observado que cuanto más intervencionista es el plan de rescate, más euforia ha producido en las Bolsas. La propuesta inicial del secretario del Tesoro de EE UU, Henry Paulson, de comprar activos tóxicos de los bancos estadounidenses fue superada en popularidad y aplauso por los planes del primer ministro británico, Gordon Brown, encaminados a comprar directamente parte del capital de las entidades financieras afectadas y establecerse en ellas como guardián del proceso de salvación.
El modelo intervencionista en el sistema financiero impulsado por Gordon Brown y seguido sin rechistar por EE UU recoge al menos dos principios que merece la pena resaltar. La intervención, en primer lugar, es temporal y subsidiaria; los Estados no quieren permanecer sine díe, como en el modelo de nacionalización parcial, y sólo actúan a petición de parte. Además, y este segundo principio indica con claridad la decisión política de no dejar cabos sueltos, la intervención implica aportación de capital -mediante acciones preferentes- y garantía de emisiones de deuda. Como guinda, se aumenta también la garantía de depósitos, para excluir también la posibilidad de un pánico en las ventanillas de los bancos, como en la catástrofe de 1929.
A fuerza de soluciones superpuestas, cada una más intervencionista y amplia que la anterior, el mercado financiero global se ha ido tranquilizando, aunque siempre con la atención clavada en la ejecución concreta de esos planes. A los grandes anuncios de inyección de dinero para la banca -casi 2,5 billones de euros en toda Europa- no han sucedido los desarrollos reglamentarios que permitan a bancos y cajas de ahorros acceder a los capitales o avales prometidos. Entre los más difusos aparece el plan del Gobierno español. Las entidades financieras están deseando acceder a esos avales del Estado que permitirán intercambiar las cédulas hipotecarias de primera calidad, pero que el interbancario no cotiza por mera desconfianza, por liquidez fresca que permita mantener el crecimiento económico.
No es aventurado suponer que los bancos y las empresas vivirán lo más crudo de la crisis durante este trimestre y el primero de 2009; lo cual no significa que la desaceleración económica no se prolongue, incluso hasta mediados de 2010. Queda por depurar un penoso ajuste inmobiliario -en EE UU y en varios países europeos, entre ellos España- que producirá un preocupante aumento del paro. En el caso de España, una hipótesis moderada apunta una tasa de desempleo en torno al 14% en el momento más depresivo, como ya ha advertido el Fondo Monetario Internacional.
