González niega haber revelado secretos sobre el fraude de Irún

La comisión de las Juntas Generales que investiga las supuestas responsabilidades políticas en el fraude de la oficina de Hacienda de Irún dio ayer por finalizada la fase de las comparecencias, que ha durado nueve meses. Inicia ahora los trabajos que le llevará, antes de fin de año, a establecer sus conclusiones sobre el alcance y las responsabilidades políticas de una estafa que ha costado a la Hacienda guipuzcoana 8,1 millones de euros.Inicia ahora los trabajos que le llevará, antes de fin de año, a establecer sus conclusiones sobre el alcance y las responsabilidades políticas de una estafa que ha costado a la Hacienda guipuzcoana 8,1 millones de euros.

La comisión de investigación concluirá su tarea en dos meses

La comisión, presidida por el socialista Julio Astudillo, recibió ayer los testimonios de los últimos comparecientes, a los que había llamado nuevamente para obtener algunas precisiones en relación con la investigación. Además del diputado de Hacienda, Pello González, pasaron por la comisión cuatro técnicos del departamento. El subdirector de Recaudación, Andrés Gómez Garrido; la jefa del Servicio de Intervención, Itziar Aristondo; el jefe de la Unidad de Recaudación, Juan Carlos González Lombo, y el ex jefe de la Unidad de Coordinación Tributaria, Juan Pardo, de quien dependía la oficina de Irún, dirigida por el principal acusado en el caso, José María Bravo, que la semana pasada salió de prisión tras aportar la fianza.

Precisamente, Pardo fue destituido de su cargo en febrero por el actual diputado de Hacienda Pello González. Éste confirmó ayer lo que ya había avanzado hace un mes a la comisión: la semana próxima la Diputación remitirá al juzgado de Irún documentación suficiente para encausar a cuatro personas más -ahora son también cuatro los imputados en el sumario- presuntamente relacionados con la trama. Entre estas cuatro personas se encontrarían el abogado Mariano Bravo, que no es familiar del encausado, y Juan Pardo.

A raíz de aquel anuncio, uno de los posibles nuevos implicados denunció al diputado de Hacienda por el delito de revelación de secretos, una querella que ha sido admitida a trámite por el juzgado. Refiriéndose a ella, González negó ayer con rotundidad que hubiera desvelado "actuaciones de la inspección". Apuntó, no obstante, que comprendía que a "algunos les resulte incómodo el que se trate de llegar hasta el final, levantar las alfombras y comprobar todo lo que ha podido existir en torno a este caso".