El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación

La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Diputación de Ávila, del PP, decidieron en 1999 urbanizar un pinar de máxima protección. "Sus responsables consideraron los trámites legales que había que cumplir como obstáculos que había que remover". El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, resume así la aprobación de la Ciudad del Golf -1.600 chalés, dos hoteles y cuatro campos de golf- en un refugio de cigüeñas negras.

Ruiz es el cargo político de mayor rango contra el que actúa la fiscalía

Por eso, ayer pidió al Tribunal Superior de Castilla y León que impute por prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que firmó la declaración de impacto ambiental. Ruiz se convierte así en el cargo político de mayor rango contra el que actúa el fiscal por un escándalo urbanístico. La vicepresidenta se suma a los 19 imputados en este caso, desde los técnicos que dieron el visto bueno a la obra hasta el alcalde o el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.

Para pedir la imputación al tribunal -Ruiz es aforada- el fiscal ha presentado un detallado escrito de 31 folios que reconstruye la génesis de la urbanización desde 1999. Entonces, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta compraron a Unión Resinera 7.600 hectáreas de pinar. Lo hicieron mediante una sociedad pública creada para "proteger el monte" aunque decidió recalificar una parte de pinar para pagar el suelo. La composición de la empresa es "reveladora", ya que estaban como consejeros los altos cargos que luego debían recalificar el terreno.

Pactaron con el promotor, Francisco Gómez, El Paloma, que en 200 hectáreas de pinar maduro protegido por albergar algunas de las pocas cigüeñas negras que quedan en España, construyera una urbanización. Incluso pactaron por escrito con él que si en dos años no estaba recalificado le indemnizarían con 1,5 millones.

Como era previsible, la urbanización salió adelante. El 10 de febrero de 2004, María Jesús Ruiz, entonces consejera de Medio Ambiente, se reunió con el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Sólo 10 días después, al límite del plazo, la declaración fue aprobada con la firma de Ruiz. Ayer, sin embargo, Ruiz declaró: "Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase" y declaró que volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental, que permitía al promotor talar 35.000 pinos. La urbanización ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior pero la Junta recurrió al Supremo para proseguir la tala. La obra, por el momento, está parada.

"Sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible un desaguisado de tal magnitud", señala el fiscal, que pormenoriza una larga serie de procedimientos infringidos. El fiscal explicó ayer a este diario que "Ruiz firmó la declaración en contra de los censos de cigüeña negra en la zona", y en su escrito apunta que todo estuvo orquestado desde la consejería que ella dirigía. Pese a que los cargos que avalaron la urbanización han declarado en el juzgado que no había cigüeña negra o que la tala no afectaría a la especie, un informe interno de 2003 denunciaba que la urbanización suponía "una grave modificación dentro del área crítica que compromete la potencialidad del área" para la cigüeña negra.

El fiscal considera que Ruiz cometió un delito de prevaricación, al igual que otros cinco cargos de su consejería que colaboraron en la aprobación. En su escrito pide separar en cuatro piezas el caso para facilitar la instrucción. Además del de prevaricación contra la vicepresidenta y los suyos, quiere abrir otra por prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de urbanismo que dieron luz verde al proyecto pese a carecer de informe ambiental e incumplir "la legislación de urbanismo"; otra contra el alcalde, el secretario municipal y El Paloma por el pacto previo a los trámites en el que se comprometían a recalificar el pinar, y una cuarta pieza contra el promotor y la empresa que comenzó la tala del pinar pese a que el tribunal ya había declarado ilegal la urbanización.

Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, aplaudió la decisión del fiscal: "Demuestra que la consejera actuó en contra de sus informes técnicos".