El 40% de los hombres acusados por violencia sexista acaban absueltos

El 40% de los juicios por violencia doméstica acaban con una sentencia que absuelve al presunto maltratador. ¿Significa eso que el hombre jamás ha puesto la mano encima de su mujer? No siempre. En algunos casos resulta imposible condenarle porque la víctima se retracta a última hora de lo que en su día denunció ante la policía. O simplemente decide no declarar como testigo. La ley se lo permite. Esta dispensa legal es un "obstáculo importante" para perseguir la violencia sexista e "impide la condena de numerosos maltratadores", según la Fiscalía Superior de Cataluña, que plantea la necesidad de impulsar una reforma legal.

La fiscalía argumenta que esa dispensa legal no existe en otros ordenamientos jurídicos y que en los países donde sigue vigente es "bastante cuestionada". Cuando una mujer se acoge a su derecho a no declarar, deja al fiscal y al juzgado "sin la prueba necesaria" para lograr la condena. La razón es que en la mayoría de casos no hay ningún otro elemento probatorio: la violencia se produce en el seno del hogar y los únicos testigos posibles de lo que allí ocurre son la mujer y otros familiares, habitualmente los hijos de la pareja. La dispensa legal ha permitido sentencias absolutorias "incluso en supuestos de agresiones muy graves", denuncia la fiscalía. Por eso es, concluye el ministerio público, "poco compatible" con el principio de "tolerancia cero" que inspiró la ley integral.

El año pasado se dictaron casi 4.700 sentencias por violencia sexista. De éstas, cerca de 2.000 fueron absolutorias, según la memoria elaborada por la fiscalía.

"Se vuelve a dejar a la exclusiva voluntad de la víctima la persecución del maltrato", explica la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer. El problema es que a menudo esa voluntad es débil y "viene marcada por el miedo y la dependencia afectiva y económica respecto al agresor". Cuando llega la hora de declarar, las mujeres "todavía se encuentran psicológicamente afectadas por la experiencia traumática de la violencia vivida", según las mismas fuentes.

La fiscalía también deslizó ayer, coincidiendo con el acto de inauguración del año judicial, otra de sus preocupaciones: el aumento "espectacular" de los robos cometidos por menores de 14 años. Hasta esa edad los niños no pueden ser imputados por ningún delito. Las mafias de países del Este (en especial de Rumania) lo saben y obligan a los menores a cometer pequeños hurtos.

El fiscal jefe de menores de Cataluña, Juan José Márquez, se mostró ayer partidiario de abrir una reflexión para evitar que queden impunes los delitos más graves -homicidios y violaciones- que también, aunque "en contadas ocasiones", cometen los menores de 14 años.