Por qué protestamos los jueces

La convocatoria de Juntas de Jueces en toda España para el día 21 de octubre constituye un acontecimiento singular. Este tsunami judicial ha surgido desde la judicatura de a pie, y evidencia que no es lo mismo estar en la primera línea, en las trincheras, que en otros niveles más confortables de la carrera, y que la atención a estos órganos judiciales ha sido descuidada por todos los estamentos con competencias en la Administración de Justicia, especialmente por las cúpulas directivas del poder judicial.

Junto a ese estado latente de malestar por las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo, los detonantes de esta protesta han sido dos. El primero, el sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y las injerencias públicas y notorias del poder ejecutivo en los nombramientos del presidente y vicepresidente de dicho órgano. El segundo, las desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro de Justicia en relación al expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado, haciendo públicas sus esperanzas sobre la sanción concreta que debiera recaer sobre el expedientado. Reducir un evidente fracaso del sistema judicial a una cuestión de responsabilidades profesionales, obviando cualquier autocrítica del propio poder ejecutivo, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Cabe temer que la protesta judicial sea leída en clave corporativista. ¿Por qué? Porque un análisis profundo de la Justicia española exigiría valorar muy negativamente la actuación de un número variado de protagonistas: poder ejecutivo y comunidades autónomas, sucesivos consejos del poder judicial y cúpulas de las asociaciones judiciales, cuya complicidad en el actual estado de cosas se visualiza periódicamente en el nombramiento partidista (contraviniendo la doctrina del Tribunal Constitucional) de los vocales del Consejo.

Por último, pero no menos importante, hay que mencionar el desencanto en la judicatura, que se siente poco valorada, atrapada entre un poder ejecutivo que mete la mano sin complejos en el gobierno del judicial y unos medios de comunicación que sólo dedican su atención a los casos más dramáticos, fatalmente presentados como "errores judiciales". Tanto el Consejo General del Poder Judicial como las asociaciones judiciales renunciaron hace tiempo a hacer pedagogía social, mostrando a la sociedad española la situación real de juzgados y tribunales.

Lo que piden los jueces es poder desarrollar su tarea en condiciones dignas, con cargas de trabajo razonables que permitan hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial, y sin tener que soportar interferencias del poder ejecutivo en su órgano de gobierno, del que dependen funciones tan sensibles como el régimen disciplinario y la política de nombramientos. Difícilmente tendremos una justicia de calidad con unos jueces desmotivados, desbordados e impartiendo justicia a la defensiva.

José Luis Utrera y José Luis Manjón-Cabeza son magistrados. Firman igualmente este artículo los también magistrados José Manuel Balerdi, Antonio Gil Merino (jubilado), Soledad Jurado, Andrés Márquez Aranda (jubilado), Carmen Orland y Juan Romeo Laguna.