La oposición denuncia el gran negocio de la resonancia magnética

El PP rechazó ayer en solitario en las Cortes Valencianas la posibilidad de revertir a titularidad pública los servicios de resonancia magnética ubicados en hospitales del Servicio Valenciano de Salud, tal como preveían las cláusulas del concurso de concesión del sistema de diagnóstico convocado en 2000 y que acaba de vencer. Tanto Ignacio Subías, del PSPV, como Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida en Compromís, denunciaron el "gran negocio" que implica la reciente concesión del servicio de diagnóstico por resonancia magnética en todo el territorio valenciano a una sola UTE por diez años y por un monto de 498 millones de euros, uno de los concurso más jugosos jamás adjudicados por la Generalitat.

Subías afirmó que la renovada privatización del servicio "desmotiva a los radiólogos y pone en peligro el programa MIR de muchos centros". El diputado socialista denunció que el número de resonancias que se practican en la Comunidad Valenciana duplica las 30 por 1.000 habitantes que recomiendan las asociaciones de radiología, y aseguró que una exploración practicada en el Hospital Doctor Peset, público y pionero en su día en la implantación del servicio en toda España, cuesta la mitad que en cualquier otro centro donde el servicio está concertado.

Esther Franco, del PP, recordó que el primer concierto del servicio lo impulsaron los socialistas en 1994, afirmó que el servicio "no está externalizado sino internalizado" porque se ofrece en hospitales públicos, y aseguró que el coste de la renovación de los aparatos aconseja mantener el modelo de concierto.

El PP también rescató ante el pleno el supuesto recorte de 343 millones de euros de parte del Gobierno para financiar la Sanidad pública. Antonio Clemente, del PP, llegó a mencionar "una especie de racismo" de parte del Gobierno hacia los valencianos. Cristina Moreno, del PSPV, citó dos intervenciones ante el pleno de las Cortes de los consejeros Vicente Rambla y Gerardo Camps para poner de relieve la falsedad del argumento e invitó al Consell a "asumir sus competencias" para poder recabar luego el apoyo de la oposición.

Por la tarde, la socialista Ana Noguera reclamó a Alejandro Font de Mora detalles sobre el estado del proyecto para establecer en Sagunto un Campus de las Artes Escénicas, un proyecto lanzado en 2000 junto a una fundación ad hoc para gestionarlo, que implicó el contrato de la actriz griega Irene Papas y que arrastra una deuda de 31 millones de euros a pagar desde 2009, aunque no ha pasado de estar concretado en cuatro maquetas diferentes. Font de Mora atribuyó todos los retrasos a la obstrucción del anterior equipo socialista que gobernaba Sagunto.