Nuevo examen al plan de incentivos

El curso pasado se vivió un intenso debate en los claustros de los centros educativos andaluces. La Junta abrió el plazo para inscribirse voluntariamente en el Plan de Calidad de la enseñanza, una herramienta ideada por la Administración a través de una orden -conocida popularmente como ley de calidad- que busca mejorar el rendimiento escolar. Por este sobreesfuerzo, los docentes participantes cobrarán unos incentivos que podrían llegar a alcanzar los 7.000 euros en el plazo de cuatro años. Mañana, Educación vuelve a abrir un plazo de un mes para que los colegios e institutos se adhieran. La convocatoria estará disponible, en las mismas fechas, durante los próximos años.

Muchos colegios e institutos se dividieron internamente entre quienes veían la iniciativa y la remuneración como una manera de reconocer su trabajo, tal y como defiende la Junta, y los que entendían que era una forma de comprar al profesorado a cambio de más aprobados. Este curso podría pasar lo mismo. Los centros deberán decidir, por una mayoría mínima de dos tercios de los presentes en la reunión del claustro, la incorporación al programa. En la anterior convocatoria, los dos tercios se establecieron en función de todos los profesores del claustro, presentes o no en la votación.

El resultado final de la convocatoria pasada plasma el espíritu con el que fue recibida la medida: sólo 1.168 centros educativos dijeron sí, lo que supone el 35%. La negativa fue especialmente sangrante entre los centros de Secundaria, ya que sólo 126 respondieron afirmativamente. Fuentes de Educación consideran la cifra "muy aceptable" y que recuerda otros planes voluntarios en los que el primer año la aceptación fue similar o menor y actualmente se encuentra muy extendida, como el del Plan de Centros Abiertos.

Las cifras del curso pasado reflejaron el recelo con el que muchos profesionales recibieron la nueva orden. Un rechazo que sindicatos como APIA, USTEA, CGT o SADI -que convocaron una huelga el pasado curso y ya anuncian nuevas movilizaciones- han verbalizado crudamente: "La medida de los 7.000 euros es un soborno para comprar al profesorado a cambio de más aprobados", explica Enrique Abascal, presidente de APIA. Por su parte, los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO, y AMPE) sí apoyaron la iniciativa de la Junta. "Esta orden se enmarca en la LOE, que plantea que, en cuatro años, se crearán más de 15.000 nuevas plazas de docentes y 2.500 de personal administrativo. Para ejecutar la Orden es necesario dicho aumento de plantilla. Si no se hubiese aprobado, nunca habríamos aceptado la orden", apunta Patricio Pérez, de CC OO.

La Junta rechaza de plano las acusaciones que se le plantean. "Quien diga que el profesorado va a aprobar a los alumnos sólo por el hecho de cobrar unos incentivos, es que no conoce a los profesores", señalan. Educación advierte de que, entre los 21 parámetros que se miden para evaluar el desarrollo del programa, "sólo hay tres que tienen relación directa con los resultados; los otros 18 no guardan relación directa con el número de aprobados". Entre esos indicadores se mide el dominio de las competencias básicas por el alumnado en lengua, matemáticas y ciencias, o el grado de satisfacción de las familias. "Estos aspectos son evaluados externamente", explican en la Junta "a través de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y encuestas". Los docentes más críticos, por su parte, reiteran que el mayor peso, "el 65% del programa", recae en los resultados académicos -que dependen de los propios profesores-, pues advierten de que no va a examinarse externamente a los alumnos. Enrique Abascal, por ejemplo, apuesta por "un modelo completamente alejado de la Administración e independiente".

Los sindicatos opositores exigen que la Junta se pregunte por qué, a pesar de la posibilidad de incentivos económicos y la promesa de más profesores, hace seis meses se produjo un rechazo significativo entre los docentes, sindicados o no. Entonces, la Junta adujo que la negativa información dada a los profesionales por parte de éstas y otras organizaciones fue determinante. Para intentar dar la vuelta a la historia, altos cargos de Educación ya mantienen encuentros con directores y docentes para explicar el plan.

Mientras, el plan ya se ha puesto en marcha con los centros que votaron sí el año pasado. A los profesores que se han apuntado, se les paga 600 euros el primer año. Los opositores al plan advierten que la movilidad propia del profesorado, especialmente, de los interinos, puede permitir que "aquellos que votaron sí el curso pasado, pero han sido trasladados a uno de los centros del no, cobren 600 euros por no hacer nada".