Marbella y la Junta indultarán otras 200 viviendas ilegales del GIL

El PGOU incluirá soluciones para su regularización, pero decidirán los tribunales

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, y la Junta de Andalucía han decidido regularizar otras 200 viviendas ilegales construidas durante la época de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y que el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) había considerado "incompatibles" con el modelo de ciudad. En el documento urbanístico se incluirán soluciones para su legalización, pero serán los tribunales quienes tengan la última palabra sobre los derribos.

La decisión hace que el número de viviendas sobre las que no cabe legalización alguna en Marbella pase de 700 a 500. El edil Javer de Luis (PSOE) considera que los cambios "benefician claramente a los promotores" que aprovecharon el descontrol de la época gilista. "No entendemos el criterio que se está siguiendo. La mayor parte de las viviendas que se quieren regularizar están vacías y su derribo no generaría conflictos". Promociones con irregularidades claras serán absueltas. Es el caso de la urbanización Jardines del Príncipe, una mole de 81 apartamentos en plena Milla de Oro, que superaba la edificabilidad permitida en un 40% y que tapaba las vistas al mar a los vecinos de varios chalés. Estos residentes lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretara el derribo parcial. Ahora, con el nuevo arreglo, los promotores de Jardines del Príncipe conservantoda la obra a cambio de ceder los bajos del edificio de lujo al Consistorio.

Algo similar ocurre con la promoción Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres en San Pedro- que el promotor José María Enriquez, implicado en el caso Malaya, ha terminado de construir durante el gobierno de Ángeles Muñoz a pesar de tener un auto de paralización. El empresario ha accedido a comprar una zona y cederla al Ayuntamiento como zona verde.

El promotor Tomás Olivo, también procesado, ha logrado otro trato para regularizar la tercera fase de su macrocentro comercial La Cañada. De los 200.000 metros cuadrados aproximadamente que tenía que ceder como suelo de equipamiento municipal, ha pasado a entregar unos 92.000, en los que acondicionará un recinto ferial. A cambio, el empresario conserva los 110.000 metros cuadrados restantes con uso comercial.

El equipo de gobierno del PP ha intensificado esta semana las reuniones con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. El secretismo en torno a los cambios en el PGOU ha crecido en la misma proporción. "Es un asunto delicado. Están en juego los intereses de muchas familias", zanja Ángeles Muñoz, tras negarse a dar detalle de las negociaciones.

El carácter perseverante de la regidora -siempre en contra de las demoliciones- no ha podido salvar a la urbanización Banana Beach, ejemplo perfecto de las barbaridades urbanísticas cometidas en Marbella, ni unos cinco conjuntos de viviendas ilegales de la zona de Río Real, que la Junta no ha aceptado.

Sí ha logrado que la tasa de ocupación se rebaje de 2,4 a 2,1 habitantes por vivienda, algo que incrementará los límites de crecimiento urbanístico. La Junta también ha aceptado que se traslade la zona industrial de La Ermita al norte de la ciudad, aunque el proyecto no llevará aparejadas viviendas, como en principio se preveía.

Pendientes del juez

- El Ayuntamiento de Marbella propondrá a los tribunales fórmulas para regularizar 200 viviendas ilegales a las que los redactores del PGOU no daban cabida en la ciudad.

- La cifra de viviendas ilegalizables, que el director del PGOU bautizó en 2005 como "pecados mortales", pasará de 700 a 500.

- Los tribunales decidirán si ejecutan unas 60 sentencias de derribo cuando se apruebe el Plan.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 12 de octubre de 2008.

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