"Este parque nos amarga"

En el Ventorrillo El Camino, donde las cuentas se escriben a tiza en la mesa, no suelen aparecer los técnicos del parque natural de Los Alcornocales. "Cuando dan las tres, huyen a sus ciudades", se escucha en la barra de este bar de Alcalá de los Gazules, donde a esa hora las palabras se calientan ya con el aguardiente que se sirve con los cafés. Los arrieros, ganaderos o trabajadores forestales comparten tarde y protestas contra las normas que rigen el espacio protegido que les rodea. "Nos están amargando", resume Lázaro Jiménez sosteniendo la vara con la que dirige sus mulos.

Lázaro Jiménez tiene 55 años y, desde siempre, ha sido arriero. "Soy más ecologista que medio mundo". La reglamentación del parque limita su labor para cualquier venta o intercambio de animales, para marcar cualquier vereda o levantar una cerca. "Te complican la vida de papeles. Si mi padre, que tuvo nueve hijos, hubiese tenido que hacer esto, mejor se cogiera un cordel, y se ahorcara", protesta. Felipe Candón, que trabaja de capataz de obra en una finca cercana, le apoya. "Estamos jodidos. No nos dejan hacer caminos. Y se quitan muchas peonadas".

"Estamos jodidos. No nos dejan hacer caminos, se quitan muchas peonadas"

"Si no puedes arreglar tu casa o levantar una nave, te vas"

El discurso crítico contra la reglamentación del parque preside la barra del ventorrillo. Casi ninguna de las quejas cita expresamente los dos documentos que más quebraderos de cabeza han levantado entre los vecinos de Los Alcornocales. El PORN y el PRUG. Son, respectivamente, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión, que fueron modificados en 2004, para garantizar la protección del parque, aunque muchos en Alcalá creen que estas dos normas están provocando exactamente lo contrario. "Si no puedes arreglar tu casa o no puedes levantar la nave que necesitas, te vas. Y la gente del campo es la que primero ve un incendio o la que cuida del monte. Si se va, el riesgo aumenta", relata Francisco Mangas, responsable de una finca cinegética, donde cazan corzos y venados.

En realidad, ni el PORN ni el PRUG prohíben construir pero sí impone condiciones. Para modificar una nave, una caseta o una vivienda es necesario tener un mínimo de 20 hectáreas. Muy pocas fincas en Alcalá, de los Gazules, uno de los 17 municipios del parque, alcanzan esas dimensiones. Le ocurrió a Javier Gómez. Este ingeniero de montes segoviano, instalado en Alcalá desde hace 15 años, quiso convertir una parcela compartida con su mujer en La isleta de las aves, un proyecto de turismo ornitológico con una laguna artificial, cuyo principal ingreso sería adaptar una nave como casa rural. El permiso se le ha denegado porque su finca sólo tiene siete hectáreas. "No nos dejan hacerlo por no ser infinitamente ricos", se queja. En la finca El Lomo, Manuel Cánovas, con la ayuda de sus hijos Manolo y Miguel, da de comer a sus reses. "No nos dejan ni poner el alambrado en mi propia casa", suspira antes de volver al tractor.

Las restricciones del parque afectan a la vida diaria de sus vecinos más humildes pero también a proyectos ambiciosos. Paralizado está un hotel de cuatro estrellas pensado para la entrada del pueblo. Y descartado por completo el plan de levantar en Alcalá una gran yeguada y una escuela de jinetes en el que se iban a invertir 12 millones de euros para promover el empleo relacionado con la hípica. El empresario que lo promovía se cansó de esperar. Tampoco se ha permitido la instalación de ningún parque eólico, con el que algún ganadero pretendía hacer frente a la crisis.

Hasta el jefe de la policía local alcalaína, José Córdoba, se suma a las quejas contra esta normativa. "¿Por qué uno no se puede arreglar un cuarto de baño o levantar un cobertizo? Me siento orgulloso del parque pero no nos está beneficiando". Tener una parcela dentro de Los Alcornocales se ha convertido en un lastre. "No se venden o las compran los grandes propietarios", opina el ingeniero agrónomo y ganadero Antonio Visglerio.

El Ayuntamiento de Alcalá ha sido el primero en aprobar en pleno municipal una moción para instar a la Consejería de Medio Ambiente un cambio en esas normativas. La Junta de Andalucía ya ha aceptado la necesidad de esa reforma, aunque de aprobarse, no llegará hasta la primavera de 2009. El ingeniero Javier Gómez ha reunido 800 firmas para impulsar esas modificaciones de una reglamentación que, según denuncia, se hizo a espaldas de los pueblos y sus habitantes. "No quieren saber nada de nosotros. Nos tratan como catetos". Habla de los técnicos, funcionarios y responsables del parque. Ésos que no suelen compartir barra de bar con los vecinos.