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Reportaje:

"Pagamos un precio muy alto por tanta protección"

Los alcaldes de Cazorla y Cabo de Gata se suman a la petición de Los Alcornocales de flexibilizar su crecimiento

El debate social sobre la gestión de los parques naturales andaluces se acelera. Si la semana pasada fueron los alcaldes del parque gaditano de Los Alcornocales los que pidieron una revisión de la normativa para que haya menos protección y menos trabas para el desarrollo socioeconómico de los municipios, ahora son los responsables políticos del mayor espacio protegido andaluz, el de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), con 23 municipios y 209.000 hectáreas de extensión, los que se pronuncian en la misma línea, aunque en este caso el proceso de revisión de los planes de gestión está ya en marcha.

"No se trata de hacer urbanismo salvaje, pero sí potenciar la oferta turística"

Los Ayuntamientos quieren poder dar licencias para vallar o rehabilitar

Este parque fue el primero en declararse en Andalucía, en 1986, pero no fue hasta 1999 cuando se aprobaron el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). La vigencia de ambos planes ya expiró y en la actualidad se encuentran prorrogados. Para el 22 de octubre hay convocada una reunión de la comisión encargada de la revisión de esos planes, aunque los alcaldes ya avanzan que van a pedir menos burocracia en la gestión del parque.

Pero la aspiración de estos ediles, de todos los signos políticos aunque con predominio socialista, va más allá al plantear una cuestión controvertida, como es que los ayuntamientos estén facultados para otorgar las licencias de obras en terrenos no urbanizables y protegidos, fuera de los cascos urbanos, una potestad que ahora está en manos de la Consejería de Medio Ambiente.

La comisión para la revisión del PORN y del PRUG la preside Pascual González, alcalde socialista de Santiago-Pontones, municipio que, con más de 68.000 hectáreas, concentra casi un tercio de la superficie del parque natural. "Ahora existe una excesiva burocracia y no hay agilidad en la gestión, lo que frena muchas iniciativas empresariales. De lo que se trata es de adecuar las normas a la realidad. El parque debe ser un plus para los ciudadanos, que tienen que vivir dignamente en él", asegura González.

La intención de los alcaldes es que los ayuntamientos puedan conceder las licencias y permisos para obras menores, como instalación de un vallado o pequeñas rehabilitaciones, limitándose a informar a Medio Ambiente. Ahora, para cualquier alteración en suelo no urbanizable se debe acompañar una exhaustiva memoria a Medio Ambiente, que tarda meses en contestar. "La percepción de los ciudadanos del parque es que la balanza ha estado desnivelada a favor de la conservación, pero para los ayuntamientos es una prioridad el desarrollo local", señala David Avilés, presidente de la junta rectora del parque y alcalde socialista de Puente de Génave.

Los alcaldes se quejan de que la excesiva protección limita actividades como la agricultura o la ganadería y lamentan la "eternidad" que tarda Medio Ambiente en tramitar los permisos que los particulares solicitan para un cambio de cultivo o construir una nave agrícola o un almacén de aperos.

El primer edil de Villanueva del Arzobispo, Pedro Medina, de un grupo independiente, expone el "nulo beneficio" que su municipio obtiene de la reforestación que la empresa pública Egmasa lleva a cabo en la zona calcinada en el incendio de hace tres años en las inmediaciones del pantano del Tranco, a pesar de que la mayor parte de la superficie era de su término. "Hay que lograr una gestión más cercana y que los ayuntamientos tengan mayor participación".

El sentir generalizado es el de conseguir el desarrollo sostenible de los 23 municipios que forman parte del parque y donde viven más de 80.000 personas. Antonio José Rodríguez, alcalde socialista de Cazorla, apuesta por potenciar la infraestructura en el extrarradio del parque, que es donde vive la mayor parte de la población.

Su colega José Antonio Olivares, alcalde socialista de La Iruela, es consciente de que "no se deben tolerar excesos urbanísticos", pero cree que hasta ahora en el parque ha primado más la conservación que el desarrollo. "Pagamos un precio muy alto al tener un alto grado de protección, y no recibimos compensaciones a cambio", subraya Olivares, también miembro de la junta rectora. El vicepresidente de ésta y diputado provincial, José Luis Díaz, hasta hace unas semanas alcalde de Cazorla, reconoce que la actual legislación "frena muchos proyectos". "No se trata de promover un urbanismo salvaje, pero sí potenciar la oferta complementaria para el sector turístico, es decir, que los propietarios de un hotel que quieran hacer una piscina o una pista de pádel puedan hacerlo".

La buena predisposición mostrada por la Junta sobre Los Alcornocales también ha puesto en alerta a los municipios que integran el Parque de Cabo de Gata-Níjar, en la provincia de Almería. La capital, Níjar y Carboneras piden más flexibilidad. Su reclamación no es nueva. Ya en marzo de 2007, Carboneras aprobó en pleno por unanimidad una moción en la que solicitaba que el Gobierno andaluz eliminara la ampliación que en este municipio se hizo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en un decreto de 1994. "Actualmente, el ayuntamiento ha presentado las alegaciones previstas al nuevo PORN y un informe medioambiental que avala nuestras peticiones. Nos sentimos identificados con la postura de los alcaldes de Los Alcornocales y les recordamos que Carboneras mantiene un 85% de su término municipal dentro del Parque Natural", defiende Miguel París, concejal de Territorio, Medio Ambiente y Sostenibilidad de Carboneras.

En la capital almeriense, con muy poco porcentaje de terreno protegido, el Ayuntamiento se ve incapaz de atender la "demanda de crecimiento" en San Miguel de Cabo de Gata "debido a las limitaciones tan restrictivas". "De hecho, el PGOU no recoge ningún crecimiento. Sería bueno que la predisposición que muestra la Junta en Los Alcornocales la mostrara aquí también", defiende el edil de Urbanismo, Juan Megino. Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, asegura que su municipio no puede ofertar las posibilidades que ofrece un espacio protegido. "Necesitamos infraestructuras turísticas, hoteleras y residenciales. Siempre hemos entendido que hay que hacer un desarrollo sostenible", explica el primer edil.

La Consejería de Medio Ambiente ha declinado hacer valoraciones al respecto. Fuentes oficiales aseguran que ni siquiera se valora "ese supuesto".

En los municipios del entorno de Doñana, no se ha plasmado, por ahora, ninguna iniciativa similar a los de los alcaldes de Los Alcornocales. Pero es cierto que en los corrillos de las asambleas que reúnen regularmente a los 14 ediles de la mancomunidad se habla de los problemas comunes a los que se enfrentan los gobiernos locales para potenciar un desarrollo económico marcado por la presencia del parque nacional, informa Manuel J. Albert. Entre los críticos, en el que se enmarcan los pueblos de Moguer (PP) o Bollullos Par del Condado (PP e IU), se coincide en señalar al Plan de Ordenación de Ámbito de Doñana (POTAD) como un limitador de su crecimiento urbanístico y económico. Mientras, el pueblo referente en Doñana, Almonte, defiende que la normativa existente no es corsé que limite nada y creen compatible el avance económico y social con la existencia de leyes protectoras del medioambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de octubre de 2008