Junta, bancos y cajas se dan 21 días para garantizar el pacto por la VPO

Dice el refrán que "las cosas de palacio van despacio". Pese a los esfuerzos de la Junta por poner en marcha la financiación del Pacto por la Vivienda y Suelo, el dinero tardará aún varias semanas en estar disponible. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se reunió ayer con las 32 entidades financieras firmantes el pasado 13 de diciembre de 2007 del convenio para canalizar la financiación del Pacto Andaluz por la Vivienda. El resultado: 21 días para firmar los convenios específicos que pondrán inicialmente en el mercado 5.047 millones de euros para financiar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012), de los 9.550 comprometidos en el pacto general.

La Junta aún no ha firmado la orden que desarrolla el Plan Concertado

La reunión venía precedida de las voces que alertaban, desde promotores y constructores así como de demandantes de vivienda, de las dificultades para acceder al crédito, y las denuncias de que los bancos y cajas seguían con el "grifo" de la financiación cerrado. Pues nada de eso. "No hay cierre de grifo", dijo Espadas. "Eso es lo que me dicen las entidades financieras y yo tengo que creérmelo".

Los representantes financieros ratificaron ayer su compromiso de aportar no sólo los 9.550 millones de euros, sino algún millón más, según la petición realizada por algún banco privado.

¿Cuál es el problema? Sencillamente, según fuentes financieras o bancarias presentes en la reunión, falta el desarrollo del convenio. Es decir, la Junta aún no ha firmado la orden que desarrolla el Plan Concertado que pretende construir en cinco años 132.000 viviendas protegidas (VPO) y realizar 135.000 actuaciones de rehabilitación. Y los bancos y cajas están a la espera de que esa orden dé paso a los convenios específicos que lo desarrollen.

Esos convenios -ayer les fue entregado a las entidades un borrador- no sólo deberán recoger los procedimientos de tramitación de los préstamos a promotores y compradores, las fórmulas de pago de las cantidades subsidiadas que asumirá la administración para facilitar el acceso a la vivienda, y otros protocolos, sino también la Junta va a imponer una lista de garantías mínimas que si los peticionarios las cumplen sea suficiente para acceder con rapidez a los préstamos.

Asimismo, las entidades se comprometerán a resolver los expedientes de préstamo de los promotores en un máximo de dos meses. En el caso de los particulares, las entidades financieras aseguran que en la práctica habitual ya resuelven en menos de una semana los expedientes de subrogación de hipotecas.

Por otro lado, Juan Espadas, se comprometió con las entidades a facilitarles un mapa preciso de las actuaciones en vivienda protegida, en el que está trabajando la Consejería, y en el que se detallarán los ámbitos territoriales en los que se ejecutan proyectos de VPO, los promotores que desarrollan esta tipología residencial, y el perfil de los ciudadanos que las adquieren.

Los bancos trasladaron también a la Junta la casuística de muchos adjudicatarios de VPO que cuando son llamados para subrogar los préstamos no acuden porque su situación ha cambiado y ya no quieren la vivienda.

El consejero respondió también a las peticiones de la Asociación Empresarial de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) asegurando que "no es viable" una fórmula para que la Junta avale a los compradores de VPO, aunque señaló que se va a trabajar por conseguir unos registros de demandantes que sean más "reales" y "transparentes". Asimismo, Espadas se mostró firme en su objetivo de tratar de recuperar un equilibrio en la oferta "que al menos garantice que cuatro de cada diez viviendas que se construyen sean protegidas", frente a la petición de los constructores de apoyo a la vivienda libre. "No me puede pedir a mí que yo no priorice y trabaje en mi política pública sectorial de vivienda, que es la vivienda protegida. Yo tengo que permanecer atento a la situación económica y al sector de la vivienda libre y tomar partido", afirmó el consejero, quien reconoció que la VPO no es "la panacea" para que la construcción salga de la situación en la que se encuentra.