Juntos en el banquillo

No se sabe quién será el próximo lehendakari, si Ibarretxe o Patxi López, principales aspirantes, pero sí que ambos serán juzgados por un gaseoso delito un mes antes de las elecciones. Aunque la fiscalía solicita la absolución, las acusaciones particulares (el Foro Ermua y la Asociación Dignidad y Justicia) piden penas de cárcel para ambos. Las dos entidades presentaron por la vía de la acción popular querellas y demandas contra el lehendakari y los dirigentes socialistas que se entrevistaron con Otegi y otros miembros de la ilegalizada Batasuna en los meses en que estuvo vigente el alto el fuego de ETA.

No hay nada en la Ley de Partidos que prohíba a los miembros de partidos legales entrevistarse con los de una formación ilegalizada. Pero los jueces que han instruido el sumario han tenido la ocurrencia de considerar que el delito es de cooperación al de desobediencia cometido por los de Batasuna: si el lehendakari y López no hubieran aceptado hablar con Otegi y compañía, éstos no habrían podido desobedecer la prohibición de actuar políticamente. Una artificiosa extensión del ámbito delictivo que lleva a consecuencias absurdas.

El Tribunal Superior de Euskadi podía haber archivado la causa acogiéndose a la doctrina sentada por el Supremo en un caso similar y cuya conclusión era que es fraude constitucional sustituir el enjuiciamiento político de actuaciones discutibles de los gobernantes y dirigentes por el judicial. El empecinamiento de los jueces en mantener vivo el proceso con tan endebles bases recuerda al de Ibarretxe en otros terrenos; y favorece la estrategia victimista del lehendakari, su principal baza para las elecciones. Incluso le ayuda en el sordo pulso interno del PNV: militantes y votantes de ese partido (y otros muchos vascos) pueden estar en contra de decisiones de Ibarretxe como la de recibir a Otegi tras el atentado de Barajas, pero mucho más en contra están de que pueda ir a la cárcel por ello.