Desconfianzas judiciales
El fracaso del sistema de exigencia de responsabilidad en la Administración de Justicia se ha mostrado con toda claridad en el caso del asesinato de la pequeña Mari Luz. Un mismo hecho -no ejecución de una sentencia firme e ingreso en prisión del condenado- es conocido por distintas instituciones; se resuelve con diferentes sanciones provocando la desconfianza de los colectivos afectados, de los perjudicados y de los ciudadanos en general.
Unas veces se dice que el corporativismo judicial ha impedido sancionar con proporcionalidad a un juez de lo penal. Otras, en el caso de la secretaria judicial, que pagan justos por pecadores; algunas más que los gobiernos central y andaluz no gastan lo suficiente para que a los juzgados no les falte un perejil y que los responsables de los posibles errores judiciales son los políticos. Si en este pastel faltaba una guinda, aparece el ministro de Justicia y afirma que "la sanción a la secretaria judicial está justificada, que no es desproporcionada", salvo que se la compare con la que se ha impuesto al juez.
Estoy seguro de que cualquier persona que no conozca el sistema de organización judicial, y desee analizar con un cierto sosiego y objetividad lo que ha ocurrido para conformar su opinión, no puede. Es imposible. Lo es porque si en la vida diaria alguien tiene un accidente por error u otra causa, en el que intervienen personas que puedan resultar responsables, los hechos se analizan conjuntamente; no se hace en función de personas, cargos o fueros ni por compañeros, lo que permite que puedan ser conocidos en toda su realidad y que las respuestas puedan ser coherentes.
En cambio, cuando no es así, cuando ante los mismos hechos las respuestas surgen en distintos momentos, cuando unos y otros no son escuchados por el mismo órgano instructor y se analizan de forma distinta, surgen la incoherencia y la desconfianza. Porque, en función de unas u otras consideraciones, se consideran que están mediatizadas por el corporativismo, el partidismo político o el oportunismo. Es la consecuencia de esta dispersión y forma de resolver, que tiene como efecto añadido una pérdida de credibilidad de las instituciones. Decisiones aún más en entredicho cuando se observa que a los jueces, en caso de exigencia de responsabilidad por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, las sanciones se establecen y se imponen por los propios compañeros, por lo que el corporativismo se hace presente.
Un corporativismo que en la carrera judicial está fuertemente arraigado, por lo que nada hace pensar que no se analice las conductas de sus miembros desde el punto de vista del cuerpo judicial, y que se antepongan los intereses corporativos para evitar que se dañe su imagen. Algo que no ocurre con el secretariado judicial; sus conductas son investigadas, instruidas y sancionadas por el Ministerio de Justicia. De ahí que al analizarse un mismo hecho desde instituciones y ópticas distintas; con respuestas en distintos momentos temporales y tan dispares, como resultan de aplicar la mayor sanción a la secretaria judicial que al titular del juzgado, resulte un guirigay que no se entiende.
Ni los secretarios judiciales -yo tampoco- pueden comprender, por mucho que lo intente el ministro de Justicia, que la secretaria de un juzgado sea responsable de la ejecución de las sentencias firmes -la tarea corresponde orgánica y constitucionalmente a los jueces y fiscales- ni los ciudadanos en general, menos aún la familia de la pequeña, que se imponga una sanción tan grave y se justifique en términos comparativos cuando ni las actuaciones de una y de otro ni su posición, por distintas, permiten realizar este juicio de valor.
Tal vez, ahora que en las aperturas del año judicial, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y fiscal jefe dicen que es el momento de la modificación de las leyes procesales del siglo XIX, también sea el tiempo de revisar sistemas corporativistas y arbitrar soluciones que no provoquen incoherencias ni desconfianzas en el sistema judicial.
