Profesiones no tan libres

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) recomendó al Gobierno que suprimiera o flexibilizase la colegiación obligatoria vigente en la mayoría de las denominadas profesiones liberales en aplicación de la Directiva Europea de Servicios. La recomendación parece haber surtido un primer efecto, puesto que podría ser una de las cuestiones que aborden Zapatero y Rajoy en el encuentro para tratar sobre la crisis económica. De confirmarse, se reabrirá, sin duda, el debate sobre una iniciativa discutida y discutible a la luz de la Constitución. Se la cuestionó en los inicios por ser posiblemente contraria a los derechos de asociación y sindicación, algo que el Tribunal Constitucional desechó alegando que la opción de mantenerla fue tan constitucional como hubiera sido suprimirla. Y se la cuestionó, después y ahora, desde los criterios de la libre competencia.

Ésa es la posición que mantiene la CNC, y de ahí su petición al Gobierno para que aprovechase su compromiso de reformar antes de fin de año los servicios profesionales para abordar la cuestión. La CNC considera una rémora del pasado "la asociación automática de profesión titulada con colegio profesional" y aboga incluso porque profesionales con titulaciones diversas compitan en un mismo mercado. Y justifica la liberalización que propone en el fuerte impacto social y económico de los servicios profesionales, un sector que representa casi el 9% del PIB y que genera más de un millón de empleos directos y casi medio millón de indirectos.

Naturalmente, los colegios profesionales niegan la mayor: la colegiación obligatoria no es un obstáculo para la competencia y, además, mejora el servicio. Su tesis es que si el profesional deja de estar vinculado a un colegio su cliente quedará desprotegido, pues los colegios son los únicos garantes del interés público en el ejercicio de la profesión. Y es el tutelaje del interés público en las profesiones libres lo que justifica, a los ojos del Tribunal Constitucional, la subsistencia de la colegiación obligatoria. Pero la realidad es que ésta ha derivado en practicas corporativas fuertemente restrictivas de la competencia, como el establecimiento de tarifas fijas, mínimas u orientativas, la obligación de colegiarse en cada provincia donde se ejerza la profesión, aunque sea coyunturalmente, o las limitaciones a la publicidad del profesional individual.

El primer Gobierno de Aznar acabó en 1997 con algunos de estos anacronismos, pero que casi el 10% de los expedientes sancionadores por prácticas contra la competencia tengan que ver con actuaciones de colegios profesionales da medida del problema. Que la regulación estatal básica de los colegios profesionales siga siendo preconstitucional -de 1974- resulta escandaloso. Desde luego, es hora de ajustarla a la Constitución y al marco jurídico de la UE. Y los más interesados deberían ser los propios colegios profesionales, poniéndose al frente de la reforma.