¿Pacto o foto?

La resolución del Parlamento de Cataluña, propiciada por un acuerdo previo Montilla-Mas, sobre la financiación autonómica resulta barroca y confusa. La mayoría de los ciudadanos catalanes anhela una mejora sustancial en la financiación de la Generalitat y reclama, para ello, una unidad básica de sus dirigentes. Los partidos lo saben, pero al tiempo desconfían profundamente entre ellos. Al final tienden a salirse de esas pulsiones contradictorias con la escenificación de una unidad formal, sobre la que planea el imperativo de enfrentamiento entre el Ejecutivo autónomo y su oposición.

En este caso, el saldo es un pacto con demasiada retórica. Del mismo queda sobre todo la foto expresiva de una unidad genérica en la reclamación de mejor financiación. CiU exigió pactar una cifra mínima frente al Gobierno central, pretensión rechazada por el tripartito gobernante. Tanto por la evidencia de que una correcta táctica negociadora deja para el final las cartas numéricas, como por los riesgos de trocar los máximos en mínimos y de atarse de forma suicida a objetivos que la realidad acabase demostrando imposibles.

De modo que CiU trató de sacar pecho de oposición exigiendo durante cansinas semanas algo que rebasa la letra del Estatuto: a saber, que Cataluña reciba los rendimientos "íntegros" o "completos" de los impuestos cedidos. Con lo que esperaba además atraerse, como ocurrió en alguna peripecia de la discusión estatutaria, a la siempre lábil Esquerra.

Necesitado del máximo grosor de opinión a sus espaldas en aras de negociar desde la firmeza, el Gobierno de Montilla acabó cediendo a esa pretensión, a condición de anular todo su contenido real, por la vía de remitirla a los artículos estatutarios que la limitan. Así lo han reconocido, además de Montilla, Solbes y De la Vega. El vicepresidente económico recordó que la resolución refleja la propuesta catalana, basada en el Estatuto, pero que el acuerdo final deberá acomodarse a la naturaleza multilateral del pacto de financiación autonómica.

El precio del exceso de retórica es la oscuridad del texto y el riesgo de desafección ciudadana que genera. Un precio a pagar tanto por el Ejecutivo catalán como por su oposición. Está por ver si tanta maniobra táctica, que por lo menos no ha acabado desbordando el marco estatutario, facilita el acuerdo con Madrid, vistas las reticencias de Solbes y su equipo.