Hacienda embarga más de mil cuentas por viajar sin billete

El Ministerio de Hacienda ha embargado 1.031 cuentas corrientes de otros tantos ciudadanos que en su día fueron denunciados por no pagar (o pagar de menos) en los transportes públicos de Barcelona, sobre todo el metro, pero también el tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat y autobuses urbanos. En el último año el Departamento de Política Territorial ha publicado el nombre de unas 3.500 personas que infringieron las normas de convivencia e intentaron defraudar a las empresas del transporte viajando sin billete o con un billete inadecuado. Todas estas personas fueron atrapadas por los inspectores y se negaron a pagar la sanción correspondiente.

La casuística es muy diversas. Hay, sobre todo en el metro y el tranvía, quien viaja pura y simplemente por la cara: sin billete. Otros, en cambio, llevan un billete del abuelo, es decir, una tarjeta de jubilado, pese a que todas las evidencias indican que no han alcanzado la edad de la jubilación. Luego, en este caso en Ferrocarrils de la Generalitat, hay quien ha optado por viajar cruzando dos o más zonas con una tarjeta que sólo le permite viajar por una de ellas y cuya tarifa es bastante inferior.

En total, los inspectores cazan a unas 50.000 personas al año en una supuesta infracción. Casi la mitad paga en el acto la sanción, que es de 40 euros, pero con una reducción del 50% por pronto pago queda en 20 euros. Otros presentan un recurso y ganan. Son, por ejemplo, jubilados que viajan con la tarjeta pero no pueden acreditar ser los titulares.

Sanciones

Los que después de todo no pagan, acaban con su nombre publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), paso previo a que intervenga la Hacienda pública y busque una cuenta corriente a su nombre y la embargue por la cantidad de la sanción, que puede ir desde el mínimo, 150 euros, hasta un máximo de 600 euros para casos de reincidencia. De las 3.500 personas buscadas, Hacienda ha localizado a 1.031 y ha actuado. Posteriormente, el dinero es remitido al Departamento de Política Territorial. Lo que pagan los usuarios a los inspectores va a la caja de las empresas, pero los 150 euros de multa se ingresan en las arcas del Gobierno, dado que es una sanción administrativa.