Gobierno italiano: "Los gitanos se han ido a la permisiva España"

Según el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, muchos ciudadanos gitanos han abandonado su país en las últimas semanas para poner rumbo a España. "Pensábamos que había 120.000 [gitanos en Italia]. Hay menos. Muchos se han ido espontáneamente a la más permisiva España de Zapatero", dice Maroni en una entrevista a L'Espresso, que fue anticipada ayer por la página web de la revista.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, le replicó desde Madrid: "Creo que Roberto Maroni haría bien haciendo que sus declaraciones y su política se enmarcaran en lo que hace justo 15 días acordamos en el Consejo de Ministros de Interior y Justicia, que es el Pacto Europeo de Inmigración".

Corbacho responde a Maroni que hable del Pacto Europeo de Inmigración

Maroni habría descubierto el supuesto trasvase de gitanos gracias al polémico censo de la población de esa etnia que aprobó el Gobierno de Silvio Berlusconi el pasado 31 de mayo. En febrero, cuando el centro-derecha llegó al poder, los cálculos de la Administración dijeron que había 140.000 ciudadanos gitanos en Italia. Ahora, a 10 días de que finalice el censo -está previsto que acabe el 15 de octubre-, los datos recogidos en Roma, Milán y Nápoles, las tres ciudades donde más concentración había, indican que no superan los 15.000.

Distintas ONG que trabajan con comunidades gitanas en Italia coinciden en apuntar la veracidad del éxodo a España, sobre todo de gitanos rumanos, aunque reconocen que es muy difícil fijar los datos. Las ONG manejan una mezcla de dos factores. Según la comunidad de San Egidio, el Gobierno "infló intencionadamente las cifras" para justificar la política de "emergencia gitana". Para el grupo Everyone, "las cifras estaban algo infladas, pero muchos miles de gitanos han decidido irse del país huyendo del acoso y la persecución".

Las medidas del Gobierno para controlar a los gitanos incluyeron al principio la toma de huellas a adultos y menores, lo que suscitó la condena inmediata de la oposición, la Iglesia Católica y el Parlamento Europeo. Después, Maroni dulcificó los métodos de acuerdo con la Comisión Europea, y ésta acabó bendiciendo el censo por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot.

Las palabras de Maroni tendrán un efecto probable: prolongar el clima de fractura con España que ha marcado la relación desde que Berlusconi volvió al poder. Desde Madrid, tanto la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han lanzado duras críticas contra la política migratoria de Berlusconi, al juzgarla racista y unilateral. En esos mismos días, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, atacó también el machismo del primer ministro italiano en respuesta a un chiste de éste sobre el excesivo color rosa del Gobierno Zapatero.

Varios miembros del Gobierno italiano respondieron a esas críticas con inusual acritud, recordando que España no era quién para dar lecciones sobre el tema migratorio porque disparaba contra los inmigrantes (en referencia a los incidentes de 2005 en la verja de Ceuta).

La tensión subió tanto que Roma convocó a su embajador, y decidió enviar a Madrid a un miembro del Gabinete, el ministro (sin cartera) de Políticas Comunitarias, Andrea Ronchi, para explicar la nueva política. Ronchi fue recibido por su homólogo real, el secretario de Estado Diego López-Garrido, aunque Roma quiso ver en ese detalle un nuevo desaire.

El encuentro cordial entre los dos jefes de Gobierno durante la cumbre de la FAO de Roma pareció limar tensiones, pero las reiteradas referencias del presidente José Luis Rodríguez Zapatero al "sorpasso" de España a Italia en renta per cápita han ayudado poco a calmar a las huestes de Berlusconi.