Cuatro mil

Primero, examinemos brevemente los antecedentes del caso. Desde hace casi tres décadas -más de una generación-, las prudentes políticas públicas con que los sucesivos gobiernos democráticos han tratado de restituir al catalán, al menos en parte, el estatus de lengua nacional moderna (de lengua escolar, de lengua institucional...) que habría adquirido por evolución natural, de no mediar un sinnúmero de prohibiciones legales y represiones manu militari desde Felipe V hasta Franco, esas políticas que hemos dado en llamar "de normalización lingüística" han sido objeto de un acoso y un hostigamiento político-mediáticos casi permanentes.

Alrededor de la tesis de que, al potenciar el catalán, se estaba persiguiendo el castellano y discriminando a sus hablantes, han circulado ruidosos manifiestos, se han constituido foros y plataformas, se han publicado miles de artículos tanto sesudos como banales, se han recogido firmas y celebrado mítines, e incluso se ha presentado una iniciativa legislativa popular. Entre 1993 y 1996, una campaña perfectamente planeada y con poderosísimos apoyos políticos trató de sublevar a las familias contra la inmersión escolar en catalán, un método que, además, fue denunciado en los juzgados y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, el por entonces líder de uno de los principales partidos políticos catalanes comparaba la política lingüística de la Generalitat con el apartheid surafricano, y las escuelas de Cataluña, con el sistema concentracionario nazi. Más adelante, ese mismo personaje trasladó la agitación contra el "totalitarismo" lingüístico catalán incluso a la Comisión y al Parlamento europeos...

A la manifestación de Ciutadans contra la 'tiranía idiomática' asistieron el 0,05% de los catalanes

En estos últimos años, denunciar el carácter supuestamente coactivo de las políticas lingüísticas catalana, vasca y gallega se ha convertido en uno de los temas favoritos del think tank de la derecha española, la FAES, que ha dedicado a ello conferencias, coloquios y libros. Diversos medios de comunicación audivisuales y escritos que suman en Cataluña cientos de miles de oyentes o lectores han abrazado la misma causa con empeño cotidiano y hasta extremos grotescos: verbigracia, uno de ellos llegó a erigir en noticia de portada la "huelga de hambre de un día" (sic) de un padre que exigía para su vástago la escolarización en castellano. En fin, alrededor de la cuestión de las lenguas se constituyó a mediados de 2006 un partido temático, Ciutadans.

Ha sido justamente esta formación -que, aun no viviendo sus mejores momentos, recogió 27.512 papeletas el pasado 9 de marzo- la que, con ánimo de recuperar protagonismo, tomó la iniciativa de convocar el pasado domingo 28, en Barcelona, una manifestación contra (cito del manifiesto final) "la imposición lingüística que padecemos" y "el totalitarismo lingüístico" de la Generalitat. Pero, para confirmar que la suya es, en palabras de Albert Rivera, "una reivindicación abierta y transversal", pronto se sumaron a la cita otras y variadas siglas, desde la derecha a la extrema izquierda: Unión, Progreso y Democracia (UPD, 6.252 votos catalanes el 9 de marzo), el Partido Popular (610.473 votos) y Unificación Comunista de España (UCE).

Tal vez convenga aclarar, para el común de los lectores, que UCE era un partido marxista-leninista surgido en 1975 que a principios de los ochenta se ilustró en impactantes campañas contra la OTAN, que en 1993 imprimía aún eslóganes del tipo "el PSOE es la derecha, el PP la reacción"... y que, de 10 años a esta parte, parece haber sustituido el pensamiento de Mao Zedong por el de Aznar, Mayor Oreja y la FAES. Al menos, coincide absolutamente con ellos en sus ataques al "nacionalismo étnico e insolidario", con particular obsesión contra el Partido Nacionalista Vasco y contra el tripartito catalán, en "la defensa de la unidad de España" o en el apoyo a las teorías conspirativas sobre el 11-M. En Cataluña actúa, desde 2006, como una suerte de apéndice exótico de Ciutadans.

O sea, y en resumen: con un precalentamiento ambiental largo de casi 30 años, con la colaboración entusiasta de al menos dos diarios y otros influyentes medios, cuatro partidos políticos que totalizan una base electoral de casi 650.000 votantes convocan para una soleada mañana dominical, en el centro de Barcelona, una manifestación contra quienes quieren "liquidar" el castellano. No lo hacen solos, pues se han adherido a la protesta una veintena de asociaciones de todo el Estado, entre ellas Foro de Ermua, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Unión de Guardias Civiles, Juventudes Liberales, Galicia Bilingüe y Foro España Hoy. Además no son adhesiones de boquilla: el Partido Popular catalán, en concreto, envió 5.000 e-mails a sus militantes más esforzados, para instarles a acudir en apoyo de tan noble causa.

Y bien, si hacemos la media entre los "apenas 3.000" de unas fuentes y los "cerca de 5.000" de otras, resulta que concurrieron a la manifestación unas 4.000 personas, muchas de ellas acarreadas por el acomplejamiento del PP. Se trataba, a juicio de los convocantes, de exigir una libertad básica, de rechazar la tiranía idiomática que aplasta nuestras aulas y oprime a nuestros escolares. Sin embargo, ello movilizó apenas al 0,05% de la población catalana, al 0,07% del censo electoral, al 0,1% de los votantes en las últimas elecciones. Ni siquiera el probado sex appeal del actor Toni Cantó pudo engrosar la afluencia al cortejo de los soi-disant bilingüistas. Quizá una actuación de Albert Boadella hubiese salvado la taquilla, pero el cómico ya dijo "adiós a Cataluña", y con motivo: estaba haciendo méritos ante el PP de Esperanza Aguirre, porque el de Rajoy le resulta demasiado light.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.