23 grupos llevan a Arrigorriaga a la Fiscalía por prevaricación en un plan urbanístico

Una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga presentó ayer ante la Fiscalía de Bilbao sendas denuncias por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrigorriaga, en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990. El solar, de 18,5 hectáreas, se mantiene hoy como suelo no urbanizable y los denunciantes señalan que en la operación de recalificación estuvieron implicados familiares de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV).

El caso se remonta a 1990, cuando el pleno municipal de Arrigorriaga aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión para desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la alcaldesa, según el escrito presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó el cambio de uso por tres ocasiones (en 1990, 1993 y 1996), ante lo que la compañía Desarrollo y Gestión denunció al Ayuntamiento en los tribunales. El Tribunal Superior le dio parcialmente la razón en 2000, y, tras los sucesivos recursos, que llegaron al Supremo, se obligó al consistorio a pagar más de 6 millones de euros por incumplir el convenio.

Los denunciantes señalan que esa valoración económica era "totalmente desproporcionada" -el fallo sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio- y que se basó sólo en la petición de Desarrollo y Gestión. "El Ayuntamiento no ejerció su derecho de tasación".

En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, y la denuncia señala que antes de esta fecha se empezaron a comprar terrenos en la zona, "sin informar del objetivo final de los mismos y, en ocasiones, diciendo que querían poner ovejas". Con la nueva Ley de Suelo el Ayuntamiento tiene que disponer de un informe del Departamento de Medio Ambiente, que en marzo calificó el impacto de "severo" y, tras recordar que una parte de la zona tiene una protección especial, censuró la falta de medidas para preservar el aire y el ruido. El Ayuntamiento aprobó inicialmente en julio el convenio con Eroski, pero aún debe enviar el informe de impacto ambiental al Gobierno.

La denuncia incluye otro acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compran a la empresa Desarrollo y Gestión terrenos "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística" por 2,7 millones. Agrega que es un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones. El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, respondió que estudia querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportan.