Demolición exprés en la Cañada

El Ayuntamiento de Madrid derribó ayer ocho casas del Sector IV de la Cañada Real sin una orden judicial, la autorización indispensable para desalojar y demoler una vivienda. Un portavoz del Ayuntamiento reconoció la ausencia de la orden pero explicó que ésta no era necesaria porque las casas estaban inhabitadas. "Algunas estaban sin terminar de construir. Tenemos la seguridad de que allí no había nadie", señaló el mismo portavoz.

Los vecinos aseguran que están empadronados en las viviendas

Efectivamente, a la hora en la que comenzó el derribo, pocos minutos antes de las nueve de la mañana, no había nadie en las casas. Todas ellas pertenecen a marroquíes y en ese momento se encontraban rezando en la mezquita con motivo del último día del Ramadán. Incluso uno de los propietarios estaba en Marruecos y aún no se ha enterado de que su casa ha sido demolida.

Los vecinos consideran que la actuación del Ayuntamiento es ilegal y que podrán acreditar que vivían en esas casas en los próximos días. "Tenemos la seguridad de que al menos cinco personas estaban empadronadas en algunas de las viviendas que se han derribado y lo vamos a demostrar", comentó ayer Lidia, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV.

Sobre las nueve de la mañana, decenas de policías antidisturbios y agentes de la Policía Municipal llegaron a la parte madrileña de la vía pecuaria, en Vicálvaro, y cortaron los accesos a las calles. Cuatro máquinas excavadoras se emplearon en derribar las viviendas hasta las 12.30. Los policías permitieron entonces la entrada de los vecinos a lo que quedaba de sus casas. Esta vez no hubo incidentes como los que se produjeron hace un año en el Sector V. En aquella ocasión, los desalojos terminaron con 27 heridos durante los enfrentamientos a pedradas entre la policía y los habitantes de la Cañada Real. Ayer no hubo piedras. Sólo algún insulto a los policías por haber montado las barricadas que no dejaron a los vecinos acceder a las calles y cierto enfado por haber derribado en el último día de fiesta del Ramadán.

Ayad, un marroquí de 52 años que vivía en una de las casas derribadas, se lamentaba ayer de lo ocurrido: "No nos han dejado entrar", comentó poco después de que excavadoras y policías hubiesen dejado la Cañada. "¿Adónde vamos a ir ahora? Puedo irme tres días con alguien, pero no más. ¿Qué vamos a hacer?".

El asunto de la orden judicial es lo que tiene a los vecinos preocupados. Los derribos de algunas de las viviendas de la Cañada Real Galiana se han hecho siempre según el auto de un juez. Los vecinos sienten ahora miedo por la demostración de poder del Ayuntamiento. Éste se ha propuesto acabar con este asentamiento ilegal, el más grande de España, con 2.000 casas y unos 40.000 habitantes. Los problemas causados por las lluvias hace dos semanas en este poblado, con zonas anegadas por completo, y el peligro de riadas, son las razones que esgrime para defender el desalojo del poblado. El Consistorio avisa: "Lógicamente, las más fáciles de derribar serán aquellas en las que no vive nadie".

"¿Y cómo saben ellos que no vivo aquí? Tengo aquí mis cosas, mis muebles. He vivido aquí con mis hijos. ¿Dónde dice que yo no resido aquí?", se preguntaba ayer Ayad.