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Condenado un policía y su esposa por explotar a inmigrantes

La pareja admite la estafa y la pena de dos años de cárcel

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a sendas penas de dos años de cárcel al policía local de Rubí Ildefonso Rodao y a su esposa, María Dolores Peris, por haber explotado a 17 inmigrantes en situación irregular durante al menos nueve meses. La pareja tenía una empresa de fabricación de componentes y accesorios para automóviles, Nuñebon, SL, y al menos desde octubre de 2001 a junio de 2002 utilizaron a inmigrantes sin permiso de residencia ni trabajo.

Tampoco les hicieron contrato de trabajo ni les dieron de alta en la Seguridad Social. La empresa cerró en junio de 2002, dejando a deber a los trabajadores diversas cantidades de dinero en concepto de salarios, horas extras y vacaciones. Por ese motivo, la empresa ya fue condenada a abonar la deuda a los trabajadores en septiembre de 2003.

Durante el tiempo que estuvieron en la empresa, los inmigrantes realizaron jornadas laborales de 12 horas, con una de descanso para comer, y trabajaban de lunes a sábado y dos domingos al mes. En varias ocasiones se retrasaba el pago de los salarios o no se abonaban en su totalidad.

Promesa de trabajo

Los inmigrantes cobraban un sueldo mensual de 1.050 euros, pero en abril de 2002, antes del cierre empresarial, el policía local descontó 525 euros del salario con la promesa de que iniciaría los trámites para el permiso de trabajo y de residencia, sin que nunca llegara a cumplir su palabra.

Inicialmente, el fiscal acusaba al policía local y a su esposa de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, y solicitaba cinco años de cárcel para cada uno. Al hombre, además, le acusaba de otro delito de estafa.

El juicio, previsto para ayer por la mañana, no llegó a celebrarse porque el fiscal llegó a un acuerdo con la defensa y rebajó esa petición de pena inicial, que era de ocho años de cárcel. Ambos acusados reconocieron los hechos y ahora el tribunal de la Sección Quinta dictará una sentencia con esa condena de dos años de cárcel para cada uno. Al no tener antecedentes penales, no ingresarán en la cárcel.

El fiscal justificó su rebaja de la pena aduciendo que ya han transcurrido seis años desde que se descubrió el caso. Antes de celebrarse el juicio, el policía había consignado la deuda de 8.925 euros que contrajo con los inmigrantes, lo que también fue considerado por el fiscal como una atenuante por la reparación del daño. El policía, además, pagará una multa de 1.080 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de octubre de 2008