Sintrabi pide que López de Gereñu dimita tras quedar su caso sobreseído
El Sindicato de Transportistas Autónomos de Vizcaya (Sintrabi) se siente fortalecido por la sentencia de la Audiencia Nacional en la que queda sobreseída la causa abierta en 2006 contra los miembros de esta organización, acusados de extorsión, asociación ilícita y de un delito relativo al mercado y a los consumidores. A tal punto que su secretaria técnica, Amaia Martínez, reclamó ayer "la dimisión y el cese inmediato" de la consejera de Transportes del Gobierno vasco, Nuria López de Gereñu por su "responsabilidad política" en el caso.
Los hechos se remontan a 2006, cuando diversos responsables de Sintrabi fueron citados a declarar como imputados un presunto delito de amenazas y una posible maquinación en las tarifas de precios en el Puerto de Bilbao. Martínez aseguró ayer que en 2005 se produjo una denuncia del Departamento de Transportes para que la Fiscalía actuase de oficio, mientras que el Ministerio Público presentó una denuncia en septiebre de 2006 que "inició el proceso, en base a esa denuncia previa del Departamento de Transportes".
Según dijo, el 29 de septiembre de 2006 se produjeron las detenciones, pero el Ministerio Fiscal consideró a finales de agosto de 2008, que "no había indicios suficientes para considerar siquiera mínimamente probados los delitos que se imputaban en su momento a las personas implicadas, relativos a la extorsión, asociación ilícita y un delito relativo al mercado y a los consumidores".
Conciencia "limpia"
Según Martínez, "nosotros teníamos la conciencia muy limpia porque sabíamos que no se había cometido ninguna ilegalidad y una prueba importante era que cuando se produjeron las detenciones, todos salieron sin ningún tipo de medida cautelar".
La portavoz de Sintrabi sostiene que el sobreseimiento es "una buena noticia para el sindicato, sus representantes y familiares, y un claro ejemplo de justicia y de respaldo a la inocencia de los imputados". En base a esa decisión judicial, los resposables del sindicato exigieron "la dimisión y cese inmediato de la consejera de Transportes, Nuria López de Gereñu, por su responsabilidad política" en todo este proceso, cuyo "origen fue una denuncia de su departamento, con la connivencia de Interior, en una operación en la que se trató a las personas y sus familias como si fueran criminales", insistió.
