Barrientos empleó a un jardinero y una secretaria como altos directivos

Antonio Barrientos, el ex alcalde de Estepona, último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística, llegó a contratar a una secretaria y a un jardinero como "altos directivos" en el Consistorio. Ambos forman parte de los once contratados de alta dirección despedidos por el nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), dentro de un plan de austeridad con el que el Consistorio buscaba ahorrarse los 625.000 euros anuales de sus salarios.

Al menos siete de estos once "altos directivos" han pedido la nulidad de sus despidos alegando que no hacían labores de alta dirección sino trabajos subalternos. Para demostrarlo se agarran al Real Decreto 1382/1985, que regula este tipo de contrataciones. "Para que se nos considere de alta dirección tendríamos que tener firma delegada en la sociedad municipal en la que estábamos empleados, poder comprar y vender y no tener ningún mando por encima, algo que no se cumple en la mayoría de los puestos", señala uno de los empleados despedidos.

Los bomberos temen que Valadez los traspase a la Diputación

Los casos más llamativos son los de la secretaria del edil del Partido Andalucista, Rafael Montesino, implicado en el caso Astapa; o de un encargado de jardines. En la lista de "altos cargos" se encuentran perfiles más elevados como dos subdirectores de la televisión municipal, la directora del Palacio de Congresos o un director de área de la delegación de Agricultura. "A algunos de ellos se les ofreció quedarse a la mitad del sueldo, pero la propuesta se quedó sobre la mesa", señalaron ayer fuentes municipales.

El Ayuntamiento esteponero defiende que los despidos se han hecho siguiendo los criterios de los servicios jurídicos y atendiendo a las funciones y los salarios que recibían los expulsados. En todos los casos el Ayuntamiento alegó "pérdida de confianza". Los despedidos cobraban salarios mensuales que oscilaban entre los 1.800 euros netos a los 5.000 brutos.

"Estos contratos se hacían para favorecer a los más allegados del equipo de gobierno, así recibían su recompensa los que ayudaban a pegar los carteles", señalaban ayer fuentes sindicales. "Lo normal era que cuando se acercaban las elecciones, les blindaran los contratos para que, en caso de perder la alcaldía, se quedaran como trabajadores municipales. Pero el caso Astapa les pilló desprevenidos", añadían. La diferencia entre contratos de alta dirección y de cargos de confianza es que éstos cesan cuando termina el mandato de quien los nombró.

Los trabajadores que recurrieron sus despidos acudieron el 22 y el 24 de septiembre a sendos actos de conciliación. El Ayuntamiento no concurrió. El siguiente paso será la celebración del juicio, que probablemente se fije en noviembre. En el caso de que resulten victoriosos, los trabajadores podrán optar entre una indemnización o la vuelta a su puesto de trabajo.

Pero la lucha con los altos directivos no es la única que se ha abierto en los últimos días en el Ayuntamiento de Estepona. El colectivo de bomberos, integrado por unos 40 trabajadores, se ha manifestado para denunciar la "pésima situación" de las instalaciones municipales. Detrás de la protesta subyace su temor a que Valadez transfiera a la plantilla al consorcio de bomberos de la Diputación Provincial.

El plan de austeridad también les ha tocado de lleno. Antes del verano su salario medio rondaba los 3.000 euros, pero con la reducción de horas extras del verano se han quedado en 1.500 euros. El paso de esta plantilla a la Diputación supondría ahorro considerable para las arcas municipales, que cada mes abonan las nóminas de unos 1.400 trabajadores (de los que 200 son funcionarios) y lidian con una deuda de 96 millones.