Caos para la ciudadanía

El curso escolar ha comenzado en una de las peores situaciones imaginables a cuenta de la asignatura de Educación para la Ciudadanía: dependiendo de la comunidad autónoma, y casi de los centros, los profesores y los alumnos reciben de las autoridades mensajes contradictorios sobre una materia que forma parte del currículo establecido por la ley.

La primera responsabilidad de este desbarajuste es imputable al Partido Popular, no tanto porque disienta de la necesidad o de los contenidos de la asignatura como por los procedimientos que ha elegido para dejar patente esta disconformidad en algunas de las comunidades autónomas que gobierna. Pero la segunda responsabilidad corresponde al Tribunal Supremo, que sigue sin pronunciarse sobre la posibilidad de objetar la asignatura, resolviendo la contradicción entre los pronunciamientos de varios tribunales superiores de justicia. Los perjuicios de esta tardanza se han visto multiplicados por el hecho de que ese criterio jurídico común no se ha establecido antes del comienzo del curso escolar.

El PP ha optado por adherirse a la posición más radical dentro de las organizaciones católicas, mayoritariamente opuestas al contenido de la materia pero separadas por el grado de respeto a la legalidad con que han actuado. Mientras que la Conferencia Episcopal ha alentado la objeción, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) se ha inclinado por impartir la asignatura pero adaptándola a sus creencias. El PP se apoya en las resoluciones de los tribunales superiores que han fallado a favor de la objeción para hacer algo a lo que ni siquiera esas decisiones judiciales le autorizan: incumplir la ley. La comunidad valenciana ha recurrido, incluso, a una fórmula extravagante para fingir que la respeta, como es la de impartir la materia en inglés, con ayuda de traductores.

El PP no puede reclamar que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la aplicación de la objeción de conciencia al caso de una asignatura escolar y, al mismo tiempo, animar a que se infrinja la ley mientras la justicia no resuelva definitivamente. Esta actitud, no ya ventajista, sino poco escrupulosa con las formas democráticas, está creando división en sus filas. A diferencia del resto de las comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León ha optado por hacer que la materia se imparta.

Pese a las campañas promoviendo la objeción, el número de familias que ha decidido seguir las consignas del PP y de los obispos es poco significativo. Tal vez los dirigentes populares y la Conferencia Episcopal no son conscientes de la grave responsabilidad que están contrayendo con quienes, escuchándoles, han decidido que sus hijos no asistan a las clases de Ciudadanía. El Tribunal Supremo establecerá en su momento el criterio que debe prevalecer. Pero es difícil que pueda convalidar retrospectivamente que unos ciudadanos decidan por su cuenta y riesgo si cumplen o no las leyes en vigor.