La UE abre expediente a España por las balsas de Fertiberia en Huelva

Un nuevo lastre hunde un poco más el futuro de la fábrica de Fertiberia en Huelva. El retraso en la ejecución de la Autorización Ambiental Integrada de esta planta -y otra de la empresa Foret, en el mismo polo químico- ha provocado que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España. Europa acusa al Estado de permitir que estas dos instalaciones estén desarrollando su actividad "sin disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) emitida en el plazo fijado", explicó ayer el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas. La AAI es un certificado obligatorio por la legislación europea que impone límites de emisiones (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos...) para cada instalación. Sin ella no se puede continuar con la actividad fabril.

Las medidas adoptadas por Stavros Dimas responden a una pregunta, planteada por escrito, del eurodiputado del grupo de los Verdes, David Hammerstein, en la que denunciaba que las autoridades españolas concedieron la AAI a Fertiberia el 28 de abril de 2008, cuando el plazo para concederla había finalizado en España el 30 de octubre de 2007. Durante ese tiempo, las fábricas no dejaron de funcionar. Hammerstein explicaba en su misiva que Fertiberia piensa seguir vertiendo hasta 2012 -fecha en la que quiere cerrar- lo que, según él, vulneraría la legislación comunitaria. Además, señalaba que no se prevé una reducción de vertidos ni un plan de regeneración. La empresa ha presentado algunos calendarios de cierre y regeneración que no han satisfecho las demandas del Gobierno ni de los ecologistas El diputado acusaba a la firma de no utilizar la tecnología más avanzada para evitar efectos negativos en el medio.

Dimas recordó que las autoridades competentes tienen la obligación, además de emitir la AAI, de garantizar que el titular cumple las condiciones establecidas en el permiso durante la explotación.

Sanción económica

El Ejecutivo comunitario ya ha solicitado a las autoridades españolas que le remitan sus observaciones sobre el caso. En caso de que la Comisión reciba "información incontestable" que indique que España ha incumplido sus obligaciones, "se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria", señaló el comisario de Medio Ambiente. Fuentes de Greenpeace -grupo ecologista que ha colaborado con el diputado Hammerstein- apuntan a que, de verificarse las irregularidades, podría darse una sanción económica.

El conflicto en torno a la Autorización Ambiental Integrada es un pasaje más en los capítulos finales de Fertiberia en Huelva. La AAI es un permiso que expende la Junta. Por ello, el delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel López, defendió ayer la tramitación de este el certificado y dijo que "no hay ninguna irregularidad" en su concesión y que ésta se dio "en su tiempo y forma porque las empresas cumplían los requisitos exigidos".

López explicó que la Consejería está tranquila ante el anuncio del procedimiento de infracción. El presidente andaluz, Manuel Chaves, recordó que su gobierno está trabajando "para el cierre graduado de la fábrica" y cumplir el fallo de la Audiencia Nacional.

Una sentencia de 2007, la Audiencia Nacional declarara caducada la concesión de 1.200 hectáreas otorgada para verter millones de toneladas de residuos contaminantes, justo a las puertas de Huelva. En marzo, la Dirección de Costas -titular de los terrenos- reiteró que el cierre de la fábrica debía ocurrir en 2011 y Fertiberia pidió un año más