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La tardanza de los bancos en atender el mandato judicial de aportar toda su información sobre las cuentas de Carlos Fabra ha movido a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado de Nules (Castellón) a buscar el camino más corto para culminar la recolecta para completar el retrato económico del presidente de la Diputación de Castellón: en lugar de esperar otro año los últimos datos solicitados, han optado por requisarlos en cada sede.
Así, en una semana obtendrán lo que, con el sistema clásico, habría dilatado un año más la instrucción, que ya consume un lustro. Una investigación que tanto el máximo responsable de Anticorrupción, Antonio Salinas, como el fiscal del caso, Luis Pastor -ambos mantienen total hermetismo sobre el asunto-, consideran que debe salir del limbo en que está sumergida. La Fiscalía General del Estado comparte este criterio de que este asunto debe ser prioritario.
Los responsables de esta investigación son conscientes de que no se puede dilatar tanto una investigación que tiene notoria trascendencia política y mediática, ni da la mejor imagen sobre la eficacia judicial.
