La Xunta no renuncia a ampliar Rande

La Xunta y el Ministerio de Fomento están llamados a cambiar de interlocutor para cumplir una de las grandes promesas electorales de Zapatero en las generales del pasado marzo: la ampliación de la AP-9. La decisión de Sacyr de poner en venta su filial de concesiones Itínere, propietaria de Audasa, aboca a abordar con el futuro propietario el acuerdo para financiar los 300 millones de euros en que está calculada la ampliación del puente de Rande y de las entradas a las ciudades de Vigo y A Coruña. Pese a todo, mientras la empresa que preside Luis del Rivero busca comprador, las negociaciones siguen y ayer mismo se produjo una reunión en Madrid entre responsables de Audasa y del ministerio.

Sólo la consecución de un rápido acuerdo para ampliar la AP-9 evitaría a la Xunta tener que entablar una nueva negociación con el comprador de Itínere, que en ese caso tendría que asumir los compromisos que se firmen con Fomento. Pero las negociaciones avanzan a un ritmo pausado, debido a la insistencia de Audasa en que se le garantice el equilibrio económico financiero. Anunciado desde el año pasado, la Xunta avanzó que el proyecto estaría listo en mayo y las obras comenzarían en 2009. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, afirmó tras reunirse en La Moncloa con Zapatero este verano que el convenio vería la luz en septiembre. Tampoco el proceso de venta de Itínere ha tenido el resultado que se esperaba, lo que ha obligado a la filial de Sacyr a prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, que venció el pasado lunes.

La Consellería de Política Territorial rehusó hacer "valoraciones de decisiones empresariales", pero puso la reunión de ayer entre Audasa y Fomento como ejemplo de que se está "avanzando en el acuerdo para el incremento de la capacidad de la AP-9". En un escueto comunicado, el departamento que dirige María José Caride apuntó que esa ampliación "sigue siendo un proyecto estratégico y prioritario para la Xunta".

La Autopista del Atlántico que une Ferrol con Tui es la más importante de las cinco autopistas gallegas afectadas por la venta de la filial de Sacyr, que también explota las autopistas A Coruña-Carballo y Puxeiros-Val Miñor, a través de Autoestradas de Galicia, así como la AP-53 Santiago-Alto de Santo Domingo y la futura Autovía del Barbanza, con un 18,3 y un 80%, respectivamente.