Reportaje:

Italia cierra las calles

El Gobierno de Berlusconi trata de acabar con la prostitución a la vista

La Universidad de Trento calcula que entre 18.000 y 36.000 mujeres llegan a Italia cada año en redes de trata para ser explotadas como prostitutas. Su trabajo rinde un beneficio anual de 2.200 a 5.600 millones de euros. Chinas, nigerianas e inmigrantes del Este de Europa forman el núcleo mayoritario. La calle es su refugio habitual. Los burdeles fueron prohibidos en 1958 con la Ley Merlin, y desde entonces la prostitución está tolerada en Italia, siempre que se ejerciera en la calle o en una casa particular y no se detectara explotación. Pero ahora ha llegado la nueva ministra de Igualdad de Oportunidades, Mara Carfagna, y ha mandado parar.

Su diseño de ley, que se está aplicando ya, castiga por igual a clientes y prostitutas, y les prohíbe ejercer en la vía pública. Entre protestas y excusas variopintas —"me acerqué porque creía que era mi prima", dijo ayer un romano cazado in fraganti—, la policía ha puesto ya cientos de multas de 300 a 3.000 euros. Clientes y meretrices se sienten acosados por igual. Arriesgan además arrestos de 5 a 15 días.

"El prohibicionismo total a la italiana es una novedad absoluta", explica Andrea di Nicola, criminólogo de la Universidad de Trento y especialista en trata y tráfico de personas. "Aunque es mejor intervenir para tratar de regular el problema que no hacer nada, porque el abstencionismo tiene costes sociales más altos, las medidas propuestas por Carfagna traerán más costes que beneficios".

En un país en el que se calcula que hay cinco millones de clientes habituales, pensar que la prostitución desaparecerá por decreto es una quimera, sostiene Di Nicola. "La ley implicará serios problemas de derechos humanos, porque castiga doblemente a las mujeres, víctimas de tráfico y trata; y su único beneficio será aparente: aumentará la percepción de seguridad en la calle, pero no resolverá el problema".

Además, una aplicación rigurosa de la ley desbordaría el ya estancado sistema judicial, pues requerirá de juicios penales. Los expertos creen que la prohibición callejera servirá para esconder las situaciones de explotación trasladándolas a los olvidados burdeles o a las casas. "La explotación seguirá siendo la misma. O más, porque se verá menos", concluye Di Nicola.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 23 de septiembre de 2008.

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