Italia manda al Ejército a luchar contra la Camorra

El Gobierno de Silvio Berlusconi decidió ayer enviar 500 militares a la región de Campania para hacer frente a la "emergencia criminal" provocada por los dos últimos tiroteos de la Camorra, que el jueves costaron la vida a seis inmigrantes africanos y a un italiano, en un presunto ajuste relacionado con el tráfico de droga.

Aunque ayer fueron desplazados a la zona próxima a Nápoles 400 policías, carabinieri y guardias de finanzas, el Consejo de Ministros consideró que no es suficiente; en los próximos días llegarán al Casertano 500 soldados, que según el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, permanecerán al menos tres meses.

El Gobierno aclaró que el contingente no saldrá de los 3.000 militares que han sido movilizados en otras ciudades. La Russa aclaró que los militares serán destinados "a puestos de control". El ministro del Interior, Roberto Maroni, dice que es necesario "hacer más eficaz el control del territorio".

Maroni facilitó las cifras de inmigrantes clandestinos llegados a Italia durante 2008, que aumentan un 60% respecto a 2007 (23.600 personas de enero a septiembre de este año, por 14.200 en el mismo periodo del año anterior), y adelantó que en tres años el Gobierno construirá 10 nuevos centros de identificación y expulsión de extranjeros.

Más restricciones

Además, anunció que se restringirán las concesiones de asilo y de reagrupamiento familiar. Por un lado, se pedirá un seguro médico a los mayores de 65 años, y por otro, los cónsules italianos reclamarán la prueba del ADN a aquellos inmigrantes que no puedan demostrar el parentesco en origen. El coste de la prueba correrá por cuenta del solicitante.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot, hizo saber ayer que la UE espera a conocer la redacción final de las normas sobre asilo y reagrupación para evaluar si se atienen o no al derecho comunitario, informa desde Bruselas Andreu Missé. Barrot señaló que la expulsión automática de ciudadanos extracomunitarios bajo determinadas condiciones aplicada por el Gobierno de Berlusconi no es compatible con la normativa europea.

Hace unos días, la UE rechazó también la aplicación de la agravante de un tercio de la pena para los inmigrantes que cometan delitos estando en situación irregular, y Maroni se comprometió a eliminarla ante una delegación del Parlamento Europeo.