Rajoy busca recovecos legales para vigilar ya a etarras que dejen la cárcel

El PP está muy preocupado por el hecho de que la reforma legal que promueve el Gobierno para evitar casos como el del etarra Iñaki de Juana -quien, ya en libertad, tiene su residencia en un bloque donde viven víctimas de ETA- sólo se aplicará a los terroristas que aún no han sido juzgados (no tendrá efectos retroactivos). Es decir, a quienes están siendo detenidos ahora. Estos etarras, con la suma de la doctrina Parot y las últimas reformas legales del PP, van a cumplir 40 años de cárcel. Así que la nueva medida que propone el Gobierno -someterlos a vigilancia policial durante 20 años más una vez salgan de prisión- se aplicará dentro de 40.

En los próximos meses y años, incluso aplicándose la doctrina Parot -que implica que los beneficios penitenciarios por trabajos o buena conducta se descuentan del total de la pena, y no del máximo que se puede cumplir, como se había hecho siempre-, saldrán a la calle varios terroristas sanguinarios detenidos en los años ochenta por brutales atentados y que no se han arrepentido, como De Juana. Y podrán volver a sus pueblos, ser recibidos como héroes por los proetarras y provocar escándalos.

Las medidas no podrán aplicarse retroactivamente, según el Ejecutivo

Los populares quieren presentar el proyecto antes de un mes

Para evitarlo, aunque sabe que no es fácil porque la legalidad les ampara, el PP ha puesto a un equipo de penalistas, dirigidos por Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, a buscar un recoveco legal de manera que sea posible vigilar a etarras que salgan a partir de ahora de la cárcel. Los populares pensaban trabajar todo este asunto de manera conjunta con el Gobierno, pero visto que el Ejecutivo ha decidido ir por libre en el anuncio de sus reformas, ellos están dispuestos a apoyarlas, según fuentes parlamentarias, pero también quieren trabajar en las suyas. De hecho, el mismo día en que los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunciaron las reformas, el PP registró una proposición de ley para retirar los nombres de etarras del callejero vasco.

Con este asunto, que además, el Gobierno no ve del todo claro por lo difícil que es lograr que una reforma penal tenga carácter retroactivo, el PP ha decidido poner a trabajar a sus expertos para presentar una reforma antes de un mes. Ya hay algunas ideas sobre la mesa, aunque aún no son definitivas. La unidad del PSOE y el PP en materia de política antiterrorista se mantiene, y seguramente así seguirá siendo tras los tres atentados de ayer (los dos primeros, en la infografía). Tanto es así que Mariano Rajoy ha hecho de esta decisión un eje estratégico de su oposición para mostrar una figura de hombre de Estado y huir de la crispación que, según sus estrategas, hizo mucho daño a su imagen la pasada legislatura.

Sin embargo, el interés del Ejecutivo por vender en solitario algunas medidas y la necesidad de reivindicar la trayectoria política reciente del PP ha hecho que esta semana se hayan visto las primeras discrepancias. Rajoy busca un lenguaje muy suave para criticar al Gobierno, pero Federico Trillo, el hombre encargado de negociar las reformas con Pérez Rubalcaba, ya ha alzado la voz en varias ocasiones: estos días reitera que en 2005, cuando el PP reclamaba a Cándido Conde-Pumpido que pidiera la ilegalización del PCTV, el fiscal general respondía que sería "ridículo" solicitar eso porque no había motivos legales. El Supremo ilegalizó la semana pasada al partido abertzale.