Un edil del 'caso Estepona' gastó sin control 4.400 euros públicos en toros

El ex concejal de Hacienda de Estepona (Málaga) Francisco Zamorano gastó, supuestamente sin control alguno, 4.400 euros del ayuntamiento en comprar entradas para los toros dos días antes de su detención por la trama de corrupción urbanística Astapa. La empresa Organizaciones y Espectáculos del Sur SL ha reclamado al Consistorio el pago de los abonos, pero el interventor municipal ha puesto reparos porque el gasto no se ha tramitado de forma regular.

Zamorano niega haber retirado las entradas, como mantiene la empresa en su escrito. "En todo caso las habría ido a buscar mi secretaria en nombre de Hacienda y por orden de la alcaldía", asegura. "No he usado en mi vida una entrada para los toros, soy antitaurino militante".

Las entradas eran para la corrida goyesca del 6 de julio, en la que torearon Finito de Córdoba, Salvador Vega y Julio Benítez El Cordobés y que estaba programada dentro de la feria de Estepona. La sociedad Organizaciones y Espectáculos del Sur SL, empresaria de la plaza de toros de Estepona, está urgiendo al Ayuntamiento a que pague "cuanto antes". El 26 de junio entregó en el Consistorio una reclamación dirigida al departamento de contratación, al que adjuntó la factura y un escrito donde Zamorano supuestamente "reconoce la retirada de las entradas". Según fuentes municipales, la empresa de la plaza de toros de Estepona reclama además otros 6.000 euros en entradas retiradas por "otro concejal" esteponero.

"Es normal que el consistorio regale entradas a las residencias de ancianos, asociaciones benéficas o por protocolo, muchas de ellas se entregaban a través de la delegación de Bienestar Social", se defiende Zamorano. Fuentes de Bienestar Social replicaron que este departamento "no tiene dinero para comprar entradas para los toros" y que aquéllas que repartieron "venían compradas de alcaldía".

Zamorano, expulsado del PSOE y en libertad bajo fianza de 50.000 euros, asegura que su antecesor en el cargo, el ex gilista Manuel Reina, estaba mucho más vinculado que él a estos festejos. "Él era el presidente de la Plaza de Toros, pero yo no he ido a una corrida desde hace unos 20 años", afirma. El edil, ahora en la oposición, está imputado por prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Reina está en prisión preventiva desde junio.

Casi tres meses después de que el caso Astapa saltara a la luz, la policía ha vuelto a registrar el Ayuntamiento de Estepona. Fue hace unas dos semanas y su presencia fue mucho más discreta que la primera vez, en la que medio centenar de periodistas aguantaron casi 20 horas en la puerta de la casa consistorial.

Los investigadores especializados en delitos financieros recorrieron varias dependencias municipales, entre ellas el despacho que ocupaba el jefe de gabinete de alcaldía José Flores, en prisión preventiva, y se llevaron documentación entre la que había expedientes urbanísticos prescritos.

Muy pocos empleados municipales advirtieron la presencia de los policías, por lo que la visita apenas ha trascendido. Regresaron a buscar una serie de documentos que han echado en falta después de examinar los legajos incautados en su primer registro y otros que necesitan para contrarrestar las versiones de los implicados. "Pidieron algunos papeles que no se le pudieron facilitar, por lo que el Consistorio se comprometió a hacérselos llegar", señalan fuentes municipales.

Tras el parón de agosto, el caso Astapa se ha reactivado con nuevas citaciones policiales. Los investigadores comenzaron a llamar la semana pasada a 17 nuevos implicados que tendrán la oportunidad de declarar primero ante la policía y después comparecerán ante la juez Isabel Conejo, instructora de la causa. Entre los citados hay empleados municipales, ex concejales, empresarios y abogados. Está previsto que hoy acudan los primeros a la comisaría esteponera.

La juez considera al ex alcalde del PSOE Antonio Barrientos, en prisión preventiva, "máximo responsable" de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente". El caso suma por ahora 41 imputados, entre los que hay empresarios de la construcción, concejales de varias corporaciones, técnicos y empleados del Ayuntamiento. La fianza más alta, impuesta al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, llegó a los 500.000 euros.