Olano marca distancias con Vizcaya y Álava en la pugna por la ley Municipal
La Diputación guipuzcoana rechaza el recurso ante la Comisión Arbitral
Guipúzcoa comparte el fondo, pero discrepa de las formas empleadas por las diputaciones de Álava y Vizcaya al recurrir el proyecto de ley Municipal ante la Comisión Arbitral, lo que ha motivado la paralización inmediata de su tramitación parlamentaria y abierto un conflicto institucional entre el tripartito y las dos instituciones forales citadas, todas ellas gobernadas por el PNV.
Los socialistas piden que la nueva norma se apruebe "con urgencia"
En esta polémica, el diputado general de Guipúzcoa, el también peneuvista Markel Olano, marcó ayer distancias con sus homólogos y compañeros de filas (José Luis Bilbao, de Vizcaya, y Xabier Agirre, de Álava). Olano trató de restar importancia al desacuerdo institucional y a las repercusiones que tendrá en la aprobación de la futura legislación. "Consideramos que no había argumentos de importancia suficiente para acudir a la Comisión Arbitral", señaló, tras reconocer que comparte algunos de los argumentos esgrimidos por Vizcaya y Álava contra parte del articulado del proyecto normativo. Estas dos instituciones sostienen que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de julio invade competencias forales. Olano reclamó que se apruebe la ley Municipal "cuanto antes" y lamentó el retraso que puedan haber ocasionado los recursos presentados.
En una comparecencia ante las Juntas Generales, Olano consideró "adecuada" la regulación que hace el proyecto de ley de la participación de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano donde están representados el Gobierno y las tres diputaciones y aprueba el flujo de las aportaciones económicas entre las instituciones vascas y con el Estado. Sin embargo, el máximo mandatario guipuzcoano admitió "ciertas reservas" sobre el hecho de que la nueva ley regule las haciendas locales. Expresó su temor de que esta cuestión cambie durante la tramitación parlamentaria del texto y que ello suponga "una intromisión mayor e innecesaria" en las competencias forales, como ocurrió con la ley del Suelo.
Pese a reiterar que no apoya los recursos, Olano concluyó que la resolución que adopte el próximo lunes la Comisión Arbitral sobre la cuestión de competencia planteada las otras dos diputaciones servirá para "ordenar el debate en el trámite parlamentario", por lo que, a su juicio, el arbitraje tendrá un aspecto positivo. Los partidos tienen la voluntad de sacar adelante la normativa municipal antes de la disolución de la Cámara, previa a la convocatoria de elecciones autonómicas en la primavera de 2009.
El portavoz socialista en el Legislativo provincial, Iñaki Barriola, recordó que la nueva normativa municipal está pendiente desde 1980 y que Euskadi es la única comunidad española sin aprobarla. Se preguntó si los recursos esconden "intereses institucionales de las diputaciones", o bien que "el PNV ha buscado una fórmula para dinamitar la ley Municipal". Finalmente, aprovechó para pedir a Olano que interceda en el conflicto y pida a Agirre y Bilbao que retiren sus recursos.
Manuel Mitxelena, del PP, atribuyó toda la polémica abierta al "conflicto de intereses" y la "división y enfrentamiento" existentes dentro del PNV. Criticó con firmeza la negativa de la Diputación guipuzcoana y de las Juntas Generales de esta provincia a estar presentes, siquiera fuese como oyentes, en la reunión en la que la Comisión Arbitral dilucidará el próximo lunes esta cuestión. Mitxelena afirmó que sólo se aprobará la ley Municipal si hay un "cambio político" en la próxima legislatura.
El resto de los partidos (EA, EB y Aralar) expresaron su disconformidad con el paso dado por las diputaciones vizcaína y alavesa.
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