El Consell pone 11 millones en Castelló Cultural para evitar su disolución

El Consell se ha visto obligado a inyectar 11 millones de euros a través de una ampliación de capital en la sociedad pública Castellón Cultural tras los resultados de la auditoría realizada sobre las cuentas de la entidad que señalan que "está obligada a restablecer el equilibrio patrimonial o iniciar su disolución". El informe de las cuentas de 2007 desvela que la sociedad presenta un déficit de 34 millones de euros en su fondo de maniobra y, en el capítulo de deuda con entidades de crédito explica que ésta asciende a más de 80 millones de euros, de los que 16,6 millones tienen un vencimiento a corto plazo.

La auditoría advierte de otros desfases, como los de las pérdidas de explotación, de más de 15 millones de euros, "lo que supone un aumento del 25,62%". El informe lo achaca "a los gastos acontecidos por el X aniversario de Castellón Cultural, así como un mayor gasto de publicidad".

Los gastos y servicios externos han sufrido "la mayor desviación respecto de las cifras presupuestadas", y los de personal no han disminuido. Pese a que el presupuesto para gasto de personal ya se había incrementado en un 9%, finalmente, la sociedad gastó incluso más de lo presupuestado, alcanzando los 1,5 millones de euros. También incide en que del total de gastos de personal, 66.000 euros corresponden al sueldo de dirección. En el consejo de administración de Castellón Cultural se sienta, entre otros, el ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, quien exigió su propio destino antes de presentar su dimisión, ante las desavenencias con el presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Desde hace tres años, Gimeno está a la cabeza del proyecto de la Ciudad de las Lenguas del que, por el momento, no se sabe nada.

El informe desvela además que la selección de personal en 2007 se efectuó "de manera directa sin utilizar un sistema de oferta pública", y que el consejo de administración sólo se reunió tres veces, en vez de una al trimestre.

El informe también desvela que la sociedad tiene abiertos expedientes de inspección por el Impuesto de sociedades, el IVA y por el IRPF en varios ejercicios.