Cultura frena unas obras en Cádiz por saltarse el control arqueológico

La Junta ordenó ayer al Ayuntamiento de Cádiz parar las obras de remodelación de la plaza Mina, uno de los principales enclaves del casco antiguo gaditano. El requerimiento está basado en que esos trabajos, que han conllevado la remoción de tierras y excavación de los suelos, se iniciaron sin el preceptivo permiso de la Delegación de Cultura. Las obras, de hecho, han destapado un aljibe, sin que ningún arqueólogo haya supervisado los posibles daños al patrimonio, como marca la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

La empresa deberá contratar un equipo de especialistas que estudie los terrenos

La remodelación de la plaza Mina, donde se va a sustituir el pavimento y cambiar el mobiliario urbano, comenzó el pasado 5 de septiembre con un plazo de ejecución de cuatro meses. El objetivo municipal es renovar una plaza que es objetivo directo del vandalismo juvenil. La obra afecta de lleno a la entrada del Museo Provincial de Cádiz, cuya titularidad corresponde a la Junta. Estos suelos están catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con una protección de grado dos, lo que obliga a solicitar permisos a Cultura antes de cualquier obra que conlleve movimientos de tierra. La excavación ha avanzado sin el requerido control arqueológico, lo que podría haber dañado un aljibe encontrado durante estas obras. El Ayuntamiento no podrá reanudar las obras hasta que elabore un informe arqueológico, que debió haber presentado antes de iniciar los trabajos.

Fuentes municipales aseguraron ayer que el Consistorio no ha recibido la notificación oficial de la orden de paralización. La Junta envió por fax esa orden a última hora de la mañana tras corroborar la falta de permisos de la obra. No es la primera vez que la Junta paraliza unos trabajos por estos motivos. El año pasado, por estas fechas, Cultura había decretado 11 órdenes de paralización de obras por no respetarse las cautelas arqueológicas que recoge la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta norma establece que la Junta tiene potestad para detener una obra cuando hay constancia de que se está trabajando sobre una zona protegida y no se ha presentado un proyecto arqueológico. El promotor debe contratar un arqueólogo y elaborar un estudio, que debe ser revisado por la Junta antes de reanudar las obras. También esa ley contempla sanciones para el que ha encontrado restos y no los ha comunicado oficialmente en un plazo máximo de 48 horas.

La reforma de la plaza Mina es un ambicioso proyecto municipal que el Ayuntamiento había adjudicado a la empresa Imesapi con un presupuesto de 350.224 euros en su primera fase. La idea es una reforma integral de este espacio. Entre los trabajos incluidos está la sustitución completa del pavimentado; mejorar los parterres existentes en la fachada principal del museo; reponer los brazos de los bancos que falten, y cambiar el alumbrado, lo que contemplaba labores en la red subterránea para actuar en el cableado.

La Delegación de Cultura mantendrá la orden de paralización sobre estos trabajos, que el Ayuntamiento quería terminar a principios de 2009, hasta que el Consistorio entregue el estudio arqueológico. Ese informe deberá ser revisado por los arqueólogos de la Junta. Estos técnicos deberán dar su visto bueno para que las obras continúen. La empresa, por tanto, deberá contratar un equipo de arqueólogos que estudien los terrenos y también si, además del aljibe aparecido, han sido hallados más restos.