Circos con dos pistas

La declaración de inconstitucionalidad de la ley vasca de consultas populares, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento autónomo gracias al voto del PCTV (el Supremo estudiará hoy su probable ilegalización), ha provocado encendidas protestas y duras descalificaciones del lehendakari Ibarretxe, dispuesto a promover la insumisión ciudadana ante el Tribunal de Estrasburgo y a convocar movilizaciones en su apoyo. A la vez, sin embargo, el PNV -columna vertebral del tripartito vasco- no excluye negociar con el partido del Gobierno el apoyo de sus seis diputados en el Congreso a los Presupuestos de 2009.

La diferente composición de las alianzas políticas según el ámbito territorial y las cuestiones en juego no es un fruto patológico del oportunismo sino una consecuencia lógica de la estructura del Estado de las Autonomías. Los preparativos para la apertura formal de las negociaciones sobre financiación autonómica tras la aprobación de los Estatutos de segunda generación de Cataluña, Valencia y Andalucía esbozan alianzas que no responden al color ideológico de los partidos dominantes dentro de las instituciones comunitarias sino a sus intereses económicos territoriales. El pasado agosto, los representantes de distintas autonomías de la España del Noroeste gobernadas por socialistas, populares o regionalistas (Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón) se reunieron para tratar de ponerse de acuerdo frente a las comunidades del arco mediterráneo y del centro (Cataluña, Valencia, Baleares, Madrid) a propósito de los criterios sobre el reparto de los ingresos.

Hasta el momento, el comportamiento político dual según cuál fuese el ámbito territorial concernido había venido siendo propio de las formaciones nacionalistas, acostumbradas a comportarse de manera distinta en los Parlamentos autónomos (Cataluña, País Vasco, Canarias, Galicia) y en las Cortes. Pero ahora la disparidad de conductas afecta también a las organizaciones territoriales de los dos partidos de ámbito estatal, que adoptan posiciones distintas entre sí acerca de la financiación autonómica en función del nivel de desarrollo económico de sus comunidades y que establecen alianzas transversales con otras autonomías al margen de la ideología. Esa línea divisoria podría llegar a provocar incluso escisiones. Unión del Pueblo Navarro -la marca del PP en el Viejo Reino- no descarta votar los Presupuestos. Y algunas voces significadas de los socialistas catalanes amenazan con boicotear las cuentas del Estado para 2009 si la financiación autonómica no cumple sus exigencias.

El desdoblamiento de los nacionalistas en función de que sus foros de actuación -como le sucede ahora al PNV- sean las Cortes Generales o los Parlamentos autónomos ha añadido una nueva dimensión espacial a la tradicional distinción temporal de los antiguos partidos obreros entre el programa máximo, cuyo cumplimiento a largo plazo queda aplazado a un horizonte indefinido, y el programa mínimo, manual de actuación para la política cotidiana. Sin embargo, los socialistas han unificado los dos calendarios, si bien hasta fechas cercanas los carnés del PSOE rendían homenaje al decimonónico programa de Pablo Iglesias. Los sectores fundamentalistas del nacionalismo, por el contrario, se siguen guiando por la estrella polar del derecho de autodeterminación que les permita alcanzar la independencia, a la vez que buscan abrigo frente a las tormentas en el puerto seguro de la legalidad constitucional.

La reciente sentencia del TC -clara y rotunda- sobre la ley vasca de consultas es una prueba más de la inviabilidad de la estrategia seguida por el ala más radical del nacionalismo vasco con Ibarretxe y Egibar a la cabeza. Las tentativas de realizar el programa máximo independentista mediante la fraudulenta utilización inconstitucional de los abundantes recursos materiales, jurídicos y políticos puestos a disposición del Gobierno autónomo para aplicar el programa mínimo estatutario están condenadas al fracaso.

La inconstitucionalidad del chapucero proyecto del Gobierno vasco, que convocaba para el próximo 25 de octubre un referéndum disfrazado de consulta, era hasta tal punto palmaria y estridente que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (formada por 10 miembros designados por el Gobierno de Vitoria con las funciones consultivas de un Consejo de Estado autonómico) sólo pudo aprobar el dictamen favorable que se le había pedido gracias al voto de calidad dirimente de su presidente. Los fundamentos jurídicos de la sentencia desnudan los groseros vicios de inconstitucionalidad de la ley en todos sus aspectos: competencial (no hay forma alguna de colgar el embozado referéndum de ninguna percha del Estatuto de Gernika), procedimental (la aprobación parlamentaria mediante trámite de la lectura única incumplió el reglamento de la Cámara y lesionó los derechos de la minoría) y sustantiva (invadía competencias exclusivas del Estado).