20 años de bendiciones para un hotel ilegal

¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos. Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.

Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.

Los planos públicos fueron manipulados "de forma burda", según el juez

Aunque la justicia tire el hotel, la empresa puede construir al lado

En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.

Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.

A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.

El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.

Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.

Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.