Cultura expedienta al dueño del Castelo de Pambre

La Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura abrió un expediente sancionador al propietario del Castelo de Pambre por su reiterado incumplimiento de la obligación de facilitar, durante un mínimo de cuatro días al mes, el acceso gratuito a esta fortaleza del siglo XIV, que está considerada como uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval del país. Situado en el municipio de Palas de Rei, a unos 45 kilómetros de Lugo, y enclavado en plena comarca de A Ulloa, al lado del río Pambre, se trata de una de las pocas construcciones militares medievales que quedó en pie tras la revolución irmandiña del siglo XV. Declarado Bien de Interés Cultural, su propietario siempre se negó a abrirlo al público, incumpliendo así lo establecido en la Lei do Patrimonio de Galicia.

Ni las reiteradas comunicaciones que trasladó al dueño la Consellería de Cultura, ni las periódicas concentraciones que se venían registrando por parte de Plataforma por la Defensa del Alto Ulla y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ante el monumento sirvieron para que el actual dueño, Manuel Taboada, entrara en razón sobre sus obligaciones legales. Pese al expediente, Taboada avanzó que recurrirá administrativamente y esperará "a ver qué pasa".

La decisión de Patrimonio fue bien acogida tanto en el ámbito de los colectivos que reivindicaban su apertura como en el terreno político. "Ya era hora", apuntaron desde la plataforma, en tanto que el vicepresidente primero de la Diputación y responsable provincial del área de Cultura, el nacionalista Antón Bao, consideró la medida como "razonable y positiva". Bao recordó que se trata de una antigua reivindicación "política y social". Aunque expresó el deseo de llegar a acuerdo con la propiedad sin tener que acudir a la vía sancionadora, el diputado del BNG no obvió que es un bien patrimonial que debería estar "abierto al público" e incluso dijo que se trata de "un caso similar" al pazo de Meirás. El alcalde de Palas, el popular Fernando Pensado, recordó que el castillo es un patrimonio "de interés general", y aunque declaró "poco partidario de las sanciones" señaló que "la ley está para cumplirla".