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Alperi amenaza con dejar sin paga a concejales del PSOE

- Critica la forma de hacer oposición - Moreno advierte que no les callarán

"No se merecen tener todas las posibilidades que tienen para trabajar por la ciudad". El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, está muy descontento con la forma de actuar de la oposición y amenaza con reducir el número de dedicaciones exclusivas y de asesores al Grupo Socialista municipal porque considera que pese a todas las facilidades que reciben basan su trabajo en "la injuria y la calumnia" y "utilizan los temas judiciales en beneficio del partido". "La oposición recibe o ha recibido desde el equipo de gobierno todas las facilidades y todas las prebendas: grandes despachos, ordenadores, un número importante de asesores y liberación de todos en su trabajo, para hacer una oposición que no ayuda en nada a la ciudad de Alicante", argumentó el primer edil.

El Grupo Socialista obtuvo 14 concejales en las últimas elecciones municipales de 2007. Todos gozan de dedicación exclusiva. El equipo se completa con seis asesores y cuatro administrativos. Reducir la dedicación exclusiva de algunos concejales, cuyo sueldo medio ronda los 2.500 euros netos al mes, supondría que éstos pasarían a cobrar únicamente 200 euros brutos de asistencia al pleno y las retribuciones por asistir a alguna comisión. Alperi explicó que está estudiando la posibilidad de modificar el Reglamento Orgánico del Pleno para concretar esta reducción. La decisión final sobre este asunto podría tardar aún tres o cuatro meses.

Junto con este anuncio, Díaz Alperi también anunció un cambio de competencias dentro de su equipo de gobierno. La remodelación situará a la yudoca Isabel Fernández en la concejalía de Deportes y a Miguel Cabeza, hasta ahora al frente de esa responsabilidad, en el área de Vivienda.

Fuentes municipales estiman que la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del alcalde de Alicante fue la decisión de los socialistas, tomada a principios del mes de agosto, de denunciar ante Anticorrupción a la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y al director de la Gerencia de Urbanismo, Enrique Sanus, por el plan urbanístico de Benalúa Sur.El anuncio de Alperi sentó mal en las filas socialistas, tanto por las formas como por el fondo. El portavoz municipal del PSPV-PSOE, Roque Moreno, tildó de "comportamiento antidemocrático" dar a conocer un tema tan importante como la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno a través de los medios de comunicación y no transmitírselo a la oposición directamente. Pese a todo, dijo no sorprenderle la forma de actuar del alcalde, "que cree que el Ayuntamiento es su cortijo". El responsable socialista cree que Alperi no les considera "representantes de los ciudadanos de Alicante". "Si piensa que nos van a amordazar va a conseguir el efecto contrario", advirtió.

Moreno aseguró, igualmente, que el alcalde no les va "a comprar con sueldos" y dejó claro que si tienen que recurrir a la vía judicial "después de agotar otras vías" lo harán. El portavoz, finalmente, bromeó y deseó que Alperi, se decida también a quitarles "los hongos" que cubren trozos de algunas paredes en las dependencias del Grupo Socialista municipal.

El castigo de Alperi a la oposición, según fuentes municipales, podría responder a su malestar por esa denuncia en Fiscalía y el boicoteo permanente del PSPV a la implantación de diversos proyectos industriales en el puerto. También puede responder a otra clave, ya que con un Grupo Socialista "débil, dividido y sin sueldos", dejar la vara de mando a Sonia Castedo, delfín de Alperi, sería más fácil.

Planta de biodiésel

En lo que ayer coincidieron gobierno local y oposición fue en felicitarse por la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante, en la que desestima el recurso de Biodiésel Alicante, SL, contra la denegación de la licencia del Ayuntamiento al proyecto de instalación de una planta en el puerto de Alicante. Alperi expresó su satisfacción por la sentencia y destacó que esto implica que el Ayuntamiento no tendrá que aportar "ninguna indemnización" para compensar a la empresa por no instalarse en el puerto. Y el PSPV aprovechó para solicitar al alcalde de Alicante que sea "coherente" y deniegue las licencias de los futuros silos de cemento del puerto. Moreno, tras valorar la decisión judicial sobre la planta de biodiésel, y afirmó que "el puerto no debe ni puede convertirse en un puerto industrial". Moreno tildó la decisión de "una buena noticia para toda la ciudad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2008