La patata caliente del juez Tirado

Los actuales vocales del Consejo del Poder Judicial (que seguirán en funciones hasta el día 17) dejan de herencia a sus sustitutos asuntos de gran calado político y jurídico. En los próximos meses se deberán enfrentar a numerosos nombramientos para el Supremo y dos Tribunales Superiores de justicia, empantanados por la fractura que ha sufrido este órgano en los dos últimos años. Además, tendrán que informar de leyes que se anuncian muy polémicas -aborto, suicidio asistido, endurecimiento de penas a terroristas...- y resolver algunos expedientes disciplinarios pendientes.

Los actuales vocales del Consejo del Poder Judicial (que seguirán en funciones hasta el día 17) dejan de herencia a sus sustitutos asuntos de gran calado político y jurídico. En los próximos meses se deberán enfrentar a numerosos nombramientos para el Supremo y dos Tribunales Superiores de justicia, empantanados por la fractura que ha sufrido este órgano en los dos últimos años. Además, tendrán que informar de leyes que se anuncian muy polémicas -aborto, suicidio asistido, endurecimiento de penas a terroristas...- y resolver algunos expedientes disciplinarios pendientes.

- Nombramientos. Los nuevos vocales necesariamente tendrán que pactar -en virtud de la correlación de fuerzas consensuada y de la llamada minoría de bloqueo- los nombramientos pendientes desde hace tiempo -algunos hace más de dos años- de cinco magistrados para el Tribunal Supremo y otros dos para presidir los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Galicia. Desde que el PSOE impulsó una reforma legal para obligar a consensuar los nombramientos -se impuso una mayoría de tres quintos, por lo que la mayoría conservadora perdió su capacidad de imponer en solitario a los nuevos magistrados-, el cubrir vacantes en el Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia se convirtió en algo poco habitual ante la falta de acuerdo.

Los nuevos vocales van a tener que dilucidar para el Supremo quién ocupará una vacante en la Sala de lo Militar, otras dos de la Sala de lo Penal (la que enjuicia a los aforados) y dos más para completar la Sala de lo Contencioso.

- La sanción al juez. El expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado, que dejó libre a un condenado en firme que, supuestamente, acabó asesinando a la niña Mari Luz en Huelva, puede concluir mañana mismo su recorrido en el Consejo General del Poder Judicial si la comisión disciplinaria, como está previsto, da el visto bueno a la propuesta del instructor y castiga con falta grave y una multa de 1.500 euros a Tirado. La fiscalía ha anunciado recurso contra esa decisión, por entender que el juez incurrió en una falta muy grave que lleva aparejada la suspensión temporal de Tirado o su traslado. Ese recurso, por los plazos previstos en la norma, deberá ser resuelto por el nuevo Consejo.

- La inspección judicial. Entre las tareas pendientes del nuevo Consejo General del Poder Judicial está la reforma de la inspección, que en los últimos tiempos no ha logrado atajar el mal funcionamiento de algunos juzgados, donde se han producido casos escandalosos de desatención que han provacado graves efectos. También deberá atender a la necesaria modernización de la Justicia.

- Reformas legales. El nuevo gobierno de los jueces también tendrá que afrontar un paquete legislativo que, antes de arrancar en el Congreso de los Diputados, ya ha desencadenado una fuerte polémica política. El Gobierno ha anunciado una nueva ley del aborto, una reflexión sobre el suicidio asistido para su regulación legal, o una reforma para endurecer el castigo a los terroristas. De todas estas leyes deberá informar el Consejo sin que se atisbe una mayoría clara en las votaciones. El Consejo quedará constituido por 21 miembros (los 20 vocales más el presidente, que tendrán que elegir en su primera reunión), de los que 10 han sido propuestos por el PSOE (nueve vocales más el presidente), 9 por el PP y los dos restantes, de los que dependerán las votaciones, por CiU y PNV.