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Reportaje:

La memoria recuperada

La iniciativa del juez Garzón moviliza a asociaciones y familiares de víctimas

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de pedir información para crear un censo de fusilados, enterrados en fosas comunes y desaparecidos de la represión franquista, ha sido interpretada como un espaldarazo por parte de las asociaciones para la recuperación de la memoria que operan en la Comunidad Valenciana y por las personas que todavía conservan alguna esperanza de localizar los restos de sus familiares. Con matices, todos aplauden una iniciativa que, además, algunos consideran que atenúa las "graves carencias" de la Ley de Memoria Histórica.

La Gavilla Verde, una asociación radicada en Santa Cruz de Moya (Cuenca), pero de ámbito estatal, ha solicitado poder exhumar los restos de 18 personas ejecutadas en 1947 por colaboración con los maquis y que están en fosas comunes de los cementerios de Benagéber y Albalat dels Tarongers. Para el presidente de este colectivo, Pedro Peinado, "el tema de los desaparecidos era una laguna de la ley, pero con el auto de Garzón se está impartiendo justicia. No se trata de perseguir a personas que ya habrán muerto en su mayoría como de reconocer que el Estado realizó ejecuciones masivas incluso años después de la guerra. Eso no debe quedar impune".

"El fenómeno de la fosa común es más importante en otras comunidades"

Portaceli, en Serra, Benagéber, Orihuela y Catarroja son sitios donde investigar

Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria, asegura que el movimiento en la Audiencia "está suponiendo un revulsivo". "Más allá de dónde se llegue, hay un colectivo de gente que está buscando a padres y abuelos y que por fin se sienten arropados y nos llaman porque han perdido el miedo y la vergüenza a hablar". Alonso añade que el tema de la memoria "es especial aquí porque tenemos unas autoridades autonómicas y municipales con una actitud muy hostil hacia nosotros", en referencia a la Generalitat y a los ayuntamientos de Valencia y Alicante, gobernados por el PP. Precisamente, el portavoz de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria, el escritor Enrique Cerdán Tato, cree también que se abren nuevas expectativas. "En el cementerio no se han hecho las exhumaciones y excavaciones necesarias y esta orden nos viene al pelo. Ahora no sólo podemos exigir a las autoridades competentes sino que existe un mandato judicial que nos respalda". Sin salir de la provincia, la Comisión para la Memoria Histórica de Orihuela y Callosa del Segura asegura que existen más de un centenar de fusilados desaparecidos en estas poblaciones.

Amparo Salvador, del Fòrum per la Memòria, argumenta que para documentar una persona desaparecida "se necesitan muchos datos y existe un problema grave con la documentación que se destruyó. Hay quien tiene mucha, como la Iglesia, y no quiere colaborar, de ahí la importancia que se pida desde un juzgado. Es un hecho sin precedentes". Salvador no atribuye el mérito a Garzón sino a "las asociaciones que han puesto las denuncias en la Audiencia Nacional para que se investigue si la violencia ejercida sobre la población civil es causa de genocidio".

El impulso de la Audiencia no significa que vaya a ser fácil la localización de desaparecidos. Entidades como la Comissió per la Veritat exigen una investigación a fondo en numerosos puntos, pero el historiador Ricard Camil Torres avanza que en la Comunidad Valenciana "el fenómeno de la fosa común no tiene tanta importancia como en otras comunidades por el hecho de ser territorio conquistado a última hora". Además de Albalat y Benagéber, de la fosa de Paterna y del controvertido caso del cementerio de Valencia, donde existen graves discrepancias sobre los muertos atribuibles directamente a la represión franquista, Torres apunta al campo de concentración de Portaceli, en Serra. Otros posibles casos se sitúan en Moncofa y Catarroja, pero Torres advierte que "como historiadores hemos de manejarnos con cautela". A la espera de más fosas, el resto de desaparecidos estarían desperdigados en cunetas y cementerios de toda la geografía española, lo que haría necesario "disponer de algún registro en todas las provincias". Y ni así sería sencillo. Detrás de todo esto están las vivencias concretas, como la de un nonagenario de Montesa, que no quiere ser identificado, a quien le gustaría encontrar a su padre, caído en Madrid. O de María José Albert, una vecina de Alcossebre que busca a su abuelo, Domingo Rubio, pero que no sabe "ni por dónde comenzar". De él conserva sus últimas cartas, datadas en los Pirineos. "Era un hombre sencillo de Borriol, casi un niño, que no entendía nada y que contaba que tenía mucho frío y que lo estaba pasando muy mal. Me da mucha pena que pueda caer en el olvido", cuenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de septiembre de 2008