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La UE respalda la ley para controlar a los gitanos de Italia

Bruselas considera que la política de Berlusconi no es discriminatoria

La Comisión Europea manifestó ayer que a la vista de la documentación enviada por Italia a Bruselas, no hay indicios de que el censo que está realizando el Gobierno de Silvio Berlusconi en los campamentos gitanos tenga en cuenta el origen étnico o religioso de los afectados.

Michele Cercone, portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, manifestó que tras el análisis de la información remitida por las autoridades italianas el pasado 1 de agosto, "no hay indicios de que las ordenanzas ni las directrices autoricen la recogida de datos relativos al origen étnico o la religión de las personas censadas".

El parecer de la Comisión llega tras semanas de críticas, que incluyeron la censura explícita del Parlamento Europeo y las protestas de diversas asociaciones de inmigrantes, católicas, laicas, judías y gitanas contra la toma indiscriminada de huellas a adultos y menores, y por la recogida de datos personales como etnia y religión, visible en las papeletas de los primeros censos realizados en Nápoles.

Cercone precisó ayer que la "estrecha cooperación entre Italia y la UE ha permitido corregir" la ejecución de esas medidas, y que el informe garantiza que la toma de datos dactiloscópicos sólo se emplea ahora "como última solución y con el único fin de identificar a personas que no pueden ser identificadas de otro modo".

Aseguró además que no se trata de un recurso "sistemático sino más bien limitado". Las normas sobre el censo se aplicarán con la cooperación de Cruz Roja y Unicef, añadió el portavoz.

El informe recuerda que el Gobierno italiano aprobó el paquete legislativo sobre el censo de los 150.000 gitanos que viven en el país después de haber obtenido el "visto bueno" de la Autoridad Nacional sobre Protección de Datos a las líneas maestras del mismo.

El portavoz indicó que el vicepresidente de la Comisión y responsable de Seguridad, Libertad y Justicia, Jacques Barrot, había apreciado "la voluntad manifestada" de respetar la legislación comunitaria expresada públicamente por el ministro italiano del Interior, Roberto Maroni. En cualquier caso, la Comisión seguirá "con mucha atención" la aplicación de las normas.

Maroni recibió con "satisfacción" la "buena noticia". "Sabía que teníamos razón y la confirmación hace justicia a todas las acusaciones, ofensas e insultos lanzados en estos meses por quienes han utilizado el asunto para hacer polémica", declaró el ministro del Interior.

Maroni recordó que la Comisión Europea debe todavía pronunciarse sobre tres decretos legislativos contenidos en el paquete de seguridad, y confió en que el parecer de Bruselas sea hecho público en los próximos días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2008