Los fiscales piden mano dura a los jueces contra los siniestros en el tajo

Los juzgados andaluces, especialmente los de la provincia de Huelva, parecen no haber tomado completa conciencia del problema de los accidentes laborales, que han causado 109 muertos en lo que va de año, cinco de ellos en la última semana.

La Red de Fiscales de Siniestralidad Laboral, compuesta por un fiscal especializado en la materia en cada provincia, afirma que en Huelva "los tribunales tienden a considerar que los accidentes de trabajo no son ilícitos penales, sino cuestiones meramente civiles o laborales". Desde la reforma de 1995, el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años de prisión infrinjan las normas de prevención de riesgos y pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores. El fiscal delegado de Huelva, Luis Poyatos, observa que, salvo excepciones, los juzgados aplican el principio de "intervención mínima del derecho Penal" para absolver a los imputados por delitos de siniestralidad.

A pesar de ello, los fiscales consideran que "tiende a desaparecer" la "vieja corruptela del sistema (...) de incoar por cualquier accidente laboral un simple juicio de faltas".

Hasta mayo, últimos datos oficiales disponibles, se han registrado 72.556 siniestros con baja laboral en la región, de los cuales 950 fueron de carácter grave. Las cifras son prácticamente calcadas a las del mismo periodo de 2007, cuando hubo 72.854 accidentes.Los fiscales de Siniestralidad Laboral, que cuentan desde 2004 con un representante en cada provincia, han tenido derecho a un capítulo propio en la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para 2007, presentada ayer en el Parlamento por el fiscal jefe, Jesús García Calderón. En el escrito, de 13 páginas, analizan las dificultades técnicas y jurídicas a las que se enfrentan cotidianamente e identifican las posibles causas de los accidentes laborales.

Los fiscales aseguran que las empresas y profesionales que descuidan la seguridad laboral ofrecen perfiles muy distintos. "Se da en todo el abanico que va desde las grandes multinacionales hasta las microempresas". Para el Ministerio Público, el principal motivo que determina un accidente laboral es el económico: "No observar las medidas de seguridad siempre supone ahorro".

Cada vez son más las empresas, sobre todo en la construcción, que cumplen con el requisito de redactar planes de prevención de riesgos laborales para las obras que realizan. Sin embargo, los fiscales, que en 2007 abrieron un total de 3.651 causas por accidentes, detectan que muchos planes no son sino estudios de seguridad genéricos que no se adecúan a las labores concretas que se van a desarrollar. "Esto convierte en papel mojado el cumplimiento de las normas laborales".

Los fiscales reclaman a los colegios de arquitectos y de aparejadores que a la hora de visar los proyectos de obra se cercioren de que el estudio de seguridad se ajusta al trabjo que se va a acometer. Además piden que se exija a las subcontratas que elaboren sus propias normas de prevención.

También deploran la escasa formación y concienciación de los trabajadores en materia de seguridad. "Cualquier operario ve lógico y necesario saber del oficio que va a desempeñar, pero no aprecia de la misma manera saber de prevención". El riesgo alcanza a todos los trabajadores, desde los más inexpertos hasta los más veteranos, constatan.

Todos los fiscales coinciden en que la tramitación de las causas es "demasiado extensa", lo que conduce a dilaciones indebidas que empujan a los jueces a atenuar las penas. Además, una vez instruido el expediente pasan años hasta que se llega a juicio. El fiscal de Cádiz protesta por que asuntos calificados por él en 2005 y 2006 aún no tienen fijada la fecha para la vista oral.

Los fiscales cuentan con la colaboración de las autoridades laborales, de los sindicatos y de las fuerzas de seguridad. Aunque en general la información fluye sin dificultad, los fiscales apuntan algunas quejas. El fiscal de Almería afirma que "hasta ahora ha resultado infructuoso el esfuerzo de los fiscales especialistas para convencer a los inspectores de Trabajo de que toda acta de paralización [de una obra] se acompañe al menos de un somero reportaje fotográfico", ya que muchas veces la mera acta no es suficiente para convencer al juez de la existencia de un delito.

Los inspectores de Trabajo se niegan a aportar fotos argumentando que en la jurisdicción social y contenciosa se presume la certeza de sus actos. No ocurre así en la jurisdicción penal.