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Ladrillos sin normas

En Andalucía, según los cálculos del Partido Popular, hay un millar de urbanizaciones ilegales y 200.000 viviendas ilegales donde pueden residir en vacaciones hasta 400.000 personas. Ante la "dimensión mayúscula" que ha adquirido este fenómeno "irregular" debido, según denunció esta formación, a la "falta de control urbanístico" de la Junta, el grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que cree un censo de construcciones ilegales en Andalucía y que elabore una normativa que regularice la "gran mayoría" de estas edificaciones.

La portavoz de urbanismo del PP en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, defendió esta norma común para toda la región que establezca las condiciones para legalizar viviendas, como ya están haciendo, según recordó, los municipios de Marbella (Málaga) y Chiclana de la Frontera (Cádiz) -ambos gobernados por el PP- que están regularizando 30.000 viviendas ilegales cada uno. "No queremos lanzar el mensaje de que hay que legalizarlo todo. No se trata de una amnistía, pero hay que cortar de raíz este problema", dijo. Añadió que el PP es partidario de demoler aquellas viviendas o urbanizaciones donde las agresiones medioambientales o urbanísticas no puedan regularizarse "de ninguna de las maneras", como, explicó, se produce en zonas de alta protección o de peligro para la población, como en cañadas o cauce de los ríos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de agosto de 2008