Europa rechaza las subvenciones a la TDT
Bruselas tiene en el punto de mira la concesión de ayudas públicas a la televisión digital terrestre (TDT). La Comisión de las Comunidades Europeas ha echado por tierra varios intentos de Alemania para subvencionar los costes de la nueva tecnología. En 2005 declaró incompatibles con el mercado común las ayudas públicas a la TDT en Berlín-Brandenburgo. Y ahora le ha llegado el turno a Baviera.
Antes de recibir un nuevo tirón de orejas, Alemania ha dado marcha atrás al retirar en el último momento las ayudas estatales que tenía previsto conceder para financiar en parte los costes de los operadores privados para transmitir las señales. Como respuesta, la comisión ha archivado esta semana el caso.
En España, las subvenciones se dirigen especialmente a los usuarios. Se trata de ayudas destinadas a la compra de descodificadores y a la adaptación de las antenas colectivas y han partido, especialmente, del Ministerio de Industria y de la Comunidad de Madrid.
Industria puso en marcha un plan de ayudas al proyecto Soria TDT, la experiencia pionera de implantación de la nueva tecnología y el primer paso para el apagón analógico de 2010. A tenor de este plan, el Gobierno subvencionó con 60 euros la compra de receptores de TDT más una ayuda opcional de 15 euros para su instalación. Se beneficiaron casi 7.000 hogares.
Antenas colectivas
El Gobierno también subvencionó con 450 euros por edificio a las comunidades de propietarios de Soria que necesitaban adaptar las antenas colectivas. La Comunidad de Madrid se ha centrado precisamente en sufragar estas modificaciones. En los edificios con más de 20 viviendas las arcas autonómicas enjugaron hasta el 50% de ese coste. Este descuento se aplica sobre un precio fijo de 390 euros en la ciudad de Madrid y de 343 en el resto de la región. El porcentaje decrece a medida que disminuye el número de pisos del edificio. Estas medidas afectan a unas 700.000 viviendas, según los cálculos de la Comunidad.
La cuestión es si estas ayudas a la TDT vulneran el principio de neutralidad tecnológica que predican las directivas comunitarias, ya que este tipo de subvenciones no se dirigen a otras formas de distribución de señales de televisión como el cable, el satélite, el ADSL o Internet.
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