En punto muerto

La negociación del nuevo sistema de financiación autonómica se encuentra en el mismo punto que antes de la comparecencia en el Congreso del vicepresidente Solbes. El motivo es que la sesión de ayer, forzada por la oposición, no buscaba alcanzar ningún acuerdo, sino recordar al Gobierno que se encuentra en minoría y poner en evidencia la división de los socialistas en este asunto.

El vicepresidente guardó para sus réplicas datos sobre la distribución del gasto público en España que demuestran no sólo que es uno de los países más descentralizados de Europa, sino que el aumento de gasto real ha sido mucho más acusado en las autonomías que en la Administración central debido a la asunción de nuevas competencias. Con ello Solbes buscaba reafirmar la ortodoxia en la gestión de la Hacienda central, frente a los argumentos de los representantes de CiU y ERC; y también de ICV, la formación que propició la comparecencia de ayer en virtud de un compromiso que liga implícitamente el acuerdo de financiación con la negociación de los presupuestos. El PP y CiU avalaron esa vinculación con argumentos económicos; ERC consideró, además, que era políticamente legítimo.

Aparte de esos datos, el debate se limitó a transmitir la foto fija de posiciones ya conocidas. Solbes desgranó los elementos del documento de bases rechazado por la Generalitat y otras comunidades autónomas, reafirmándose en que el Ejecutivo lo sigue considerando como punto de partida para la negociación. En realidad, no podía esperarse otra cosa por parte del vicepresidente: revisar la posición del Gobierno hubiera sido tanto como reconocer una derrota sobre el fondo de la cuestión en debate. Intentó negar la responsabilidad del Gobierno central en el incumplimiento del plazo previsto en el Estatuto de Cataluña para el acuerdo de financiación y, al mismo tiempo, recurrió a la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar su interpretación de la bilateralidad.

La réplica de los diversos portavoces catalanes dejó claro, sin embargo, que lo que se discute no es tanto la bilateralidad o multilateralidad para alcanzar el acuerdo de financiación, como el significado de la bilateralidad. Mientras que para el vicepresidente Solbes consiste en negociar con la Generalitat el nuevo sistema, aunque reservando al Estado central la facultad de armonizar después los eventuales acuerdos con los alcanzados con otras comunidades, para los portavoces catalanes el foco se debe poner en la bilateralidad, minimizando la multilateralidad. Solbes tuvo interés en aclarar que lo que el Estatuto catalán impide es que los mecanismos de solidaridad modifiquen la posición de Cataluña en renta per cápita, y no en gasto per cápita, que, efectivamente, puede ser mayor en comunidades que no son contribuyentes netas. En este sentido, aunque el debate no sirvió para avanzar en el acuerdo, sí contribuyó a relativizar algunos argumentos.