Un registro permitirá ajustar la oferta de viviendas

Sevilla - 27 ago 2008 - 00:00CEST

La futura Ley de Derecho a la Vivienda que auspicia la Junta de Andalucía incluirá un registro autonómico de adquirientes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la comunidad autónoma con el objetivo, según explicó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, de "adecuar la oferta pública a la demanda real" de este tipo de viviendas protegidas.

Según explicó, esta "herramienta" permitirá conocer las características de los demandantes, sus necesidades y su capacidad financiera: "Podremos diseñar, por tanto, políticas más concretas y modular las actuaciones más aconsejables".

Este registro, que funcionará de manera independiente y al margen de los registros municipales que ya existen en muchas localidades andaluzas, permitirá conocer a la Consejería de Vivienda la tipología de las viviendas demandadas, así como las necesidades y capacidades de los andaluces que las solicitan.

"Queremos conocer qué necesitan los andaluces porque en los próximos meses incrementaremos estas actuaciones para contener el impacto de la menor construcción de viviendas de renta libre", dijo el consejero. "Permitirá, además, a bancos y cajas tener mayor seguridad sobre la petición de los demandantes de estas viviendas", añadió.

Constructoras

Otro registro, el de empresas contratistas y subcontratistas de la construcción, comenzó ayer su andadura con más de 500 sociedades andaluzas acreditadas y 4.000 peticiones de inscripción. Será un registro público que controlará la Consejería de Empleo y al que deberán pertenecer todas las empresas del sector. "Se convierte en la regla de juego que deberán respetar en adelante todas las empresas", explicó Juan Espadas, quien resaltó "las bondades" de este registro: "Mejorará la calidad del empleo y reducirá la siniestralidad laboral".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

SIGUE LEYENDO

Las empresas inscritas deberán contar con un 30% de plantilla indefinida y pasarán mayores filtros de prevención de riesgos laborales con la doble premisa de "combatir la precariedad laboral y reducir los accidentes en el tajo". UGT anunció que emprenderá acciones legales contra las empresas que no se inscriban en este registro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.