Un registro permitirá ajustar la oferta de viviendas

La futura Ley de Derecho a la Vivienda que auspicia la Junta de Andalucía incluirá un registro autonómico de adquirientes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la comunidad autónoma con el objetivo, según explicó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, de "adecuar la oferta pública a la demanda real" de este tipo de viviendas protegidas.

Según explicó, esta "herramienta" permitirá conocer las características de los demandantes, sus necesidades y su capacidad financiera: "Podremos diseñar, por tanto, políticas más concretas y modular las actuaciones más aconsejables".

Este registro, que funcionará de manera independiente y al margen de los registros municipales que ya existen en muchas localidades andaluzas, permitirá conocer a la Consejería de Vivienda la tipología de las viviendas demandadas, así como las necesidades y capacidades de los andaluces que las solicitan.

"Queremos conocer qué necesitan los andaluces porque en los próximos meses incrementaremos estas actuaciones para contener el impacto de la menor construcción de viviendas de renta libre", dijo el consejero. "Permitirá, además, a bancos y cajas tener mayor seguridad sobre la petición de los demandantes de estas viviendas", añadió.

Constructoras

Otro registro, el de empresas contratistas y subcontratistas de la construcción, comenzó ayer su andadura con más de 500 sociedades andaluzas acreditadas y 4.000 peticiones de inscripción. Será un registro público que controlará la Consejería de Empleo y al que deberán pertenecer todas las empresas del sector. "Se convierte en la regla de juego que deberán respetar en adelante todas las empresas", explicó Juan Espadas, quien resaltó "las bondades" de este registro: "Mejorará la calidad del empleo y reducirá la siniestralidad laboral".

Las empresas inscritas deberán contar con un 30% de plantilla indefinida y pasarán mayores filtros de prevención de riesgos laborales con la doble premisa de "combatir la precariedad laboral y reducir los accidentes en el tajo". UGT anunció que emprenderá acciones legales contra las empresas que no se inscriban en este registro.