La juez imputa al Grupo Mirador por quedarse avales de casas sin construir

Una nueva denuncia de seis clientes del grupo inmobiliario Mirador, al que compraron viviendas que éste no ha construido, ha motivado la instrucción de una causa judicial en la que están imputados de un presunto delito de apropiación indebida los dos principales responsables de la inmobiliaria malagueña, Enrique Faura, y Leopoldo Faura. Los denunciantes entregaron cantidades que oscilan entre 32.805 y 48.600 euros como anticipo del precio de compra de viviendas en la promoción Mirador de la Fortaleza en Vélez Málaga que, según el contrato debían haber sido ya entregadas. Al cabo de cuatro años, la promotora ni siquiera ha logrado licencia de obra y los terrenos en los que se iba a construir la promoción están embargados.

Caracuel desestimó casos similares por falta de "elemento esencial de engaño"

Los responsables del grupo Mirador ya han sido denunciados en la vía penal en ocasiones anteriores en causas que han llegado a acumular más de 100 afectados, pero casi todas han sido archivadas. Se da la circunstancia de que esta nueva denuncia la instruye la titular del Juzgado número 14 de Málaga, Carmen Pilar Caracuel, que hace cuatro meses archivó una causa similar en la que se agruparon unos 60 afectados de Mirador de la Fortaleza y otras promociones del grupo. La juez entendió entonces que en el comportamiento de los promotores: "No se aprecia la concurrencia del elemento esencial del engaño".

Situaciones similares a la de Mirador de la Fortaleza, con contratos de venta de viviendas por las que se han cobrado entregas anticipadas pero no se han llegado a construir las casas se dan en otras promociones del mismo grupo en Benalmádena, Rincón de la Victoria, Villanueva del Rosario y Loja.

La juez que ahora ha abierto esta nueva causa por apropiación indebida, archivó en abril la denuncia por presunta estafa al considerar que no existe tipificación penal y que se trata de un incumplimiento de contrato que debe dirimirse en la vía civil. "El fondo de la cuestión no tiene otra naturaleza que civil, por cuanto lo que puede haberse producido son incumplimientos de contrato de compraventa, que pueden dar lugar a que exista causa de resolución de los contratos de adquisición de viviendas con petición de daños y perjuicios en su caso", consideró la juez en el auto de archivo. Caracuel está imputada de un presunto delito de prevaricación por el TSJA por archivar una causa sobre propiedad sin haber investigado suficientemente las alegaciones de la denunciante.

Los nuevos denunciantes entienden que además de un delito de apropiación indebida, podría haber estafa, contra el patrimonio y contra la Hacienda Pública. Como prueba de la intención de engañar que atribuyen a la promotora alegan que en los contratos, firmados en 2004 y 2005, constaba que "las obras de la vivienda están siendo realizadas conforme al proyecto aprobado por la parte compradora". La promoción no ha obtenido licencia municipal de obras por distintos defectos del proyecto presentado. Según los denunciantes, Mirador se ha negado a devolver las cantidades y alega que la obtención de la licencia es "inminente". Según los denunciantes, los avales no están afianzados ni depositadas en una cuenta especial como exige la legislación.