Enfrentados por una bandera, un escudo y un aparejador

Los enfrentamientos por una bandera y un escudo han sido habituales, y aún lo son. La mayoría de las disputas se han planteado entre dos grandes administraciones. La polémica ha saltado, esta vez, entre el Ayuntamiento de Aranjuez (49.920 habitantes) y la pedanía del Real Cortijo de San Isidro (518 vecinos), que depende del Consistorio.

Los alcaldes se pelean hasta por el número de habitantes

"La ley no les permite ampliar sus competencias", dicen en Aranjuez

La junta vecinal de esta entidad local menor aprobó hace un mes escudo y bandera propios, y amplió sus competencias urbanísticas con la contratación de un aparejador. El Ayuntamiento de Aranjuez está que trina porque dice que "la ley no les permite tomar esas decisiones". El conflicto se ha trasladado a la Comunidad de Madrid, que estudiará el caso y decidirá en septiembre.

A las dos de la tarde ningún osado se atreve a pasear por las extensas zonas verdes del Cortijo. El termómetro marca 35 grados. La casa consistorial está cerrada y en la plaza del pueblo sólo se atisba una veintena de sillas y tres mesas vacías. Con esta temperatura, mejor tomar aperitivo en casa. Como hacen la mayoría de vecinos de la pedanía. El único ruido que se escucha es el del motor de los escasos vehículos que desafían el calor. El Real Cortijo de San Isidro es una antigua explotación agrícola de 1.126 hectáreas que se constituyó como entidad local menor por Decreto Ley en 1957. "Esto es un remanso de paz", asegura su alcalde, Juan Carlos Martínez Lesma, de la Asociación de Vecinos y Parceleros del Real Cortijo de San Isidro.

La relación entre Aranjuez y la pedanía siempre ha sido buena. "El Cortijo [a unos cinco kilómetros de Aranjuez] es una zona muy querida por los ribereños y no se han producido veleidades segregacionistas en 51 años", afirma un portavoz municipal.

La junta vecinal aprobó la contratación de letrados, procuradores, un arquitecto y un aparejador para desarrollar sus competencias urbanísticas. Obviaron un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento ribereño que desaconseja el desarrollo de nuevas competencias mientras no estén otorgadas por ley o por el Consistorio. "Nos mosquea que quieran contratar servicios técnicos adicionales para asuntos urbanísticos", comenta, indignado, Romero.

En la región sólo hay dos entidades locales menores: el Real Cortijo y Belvis del Jarama. Se encargan de administrar y conservar su patrimonio, y de la ejecución de obras y prestación de servicios cuando éstos no estén a cargo del municipio del que depende -no es el caso del Cortijo-, según la Ley de Régimen Local.

El revuelo que se ha formado en el Ayuntamiento de Aranjuez no tiene fundamento, según el regidor de la pedanía. "No estoy conforme con las prestaciones actuales y quiero unas competencias propias para el Cortijo". La decisión afecta de forma directa al ciudadano, según Romero. "Se puede dar el caso de que el alcalde pedáneo apruebe una obra de un particular y los técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez obliguen al vecino a echar abajo la reforma y le pongan una sanción porque las competencias urbanísticas pertenecen al Consistorio", precisa.

Los acuerdos de la junta vecinal encendieron las alarmas en el Ayuntamiento ribereño. El PSOE, partido que gobierna en Aranjuez, presentará un recurso antes del 14 de septiembre, fecha límite para emprender acciones legales, contra la decisión del Cortijo.

Este enfrentamiento ha descubierto otras desavenencias. El alcalde del Cortijo denuncia que Aranjuez no invierte dinero suficiente en la pedanía. "Nos tienen desatendidos. Llevamos desde 2004 recibiendo 60.000 euros al año para gastos corrientes: jardinería, luz, festejos, etcétera", se lamenta. El gobierno local asegura que destinó más de 400.000 euros al Cortijo en el pasado mandato.

Euros al margen, unos y otros ni siquiera se ponen de acuerdo sobre el censo de la pedanía. Mientras el Consistorio apunta que hay 550 vecinos a 31 de julio, desde el Real Cortijo afirman que tienen 825. El Instituto Nacional de Estadística cifra en 518 las personas censadas en 2007.

La Dirección General de Administración Local de la Comunidad emitirá en las próximas semanas su veredicto. No será vinculante, pero sentará un precedente en cuanto a las entidades locales menores.