"Gosálbez hacía y deshacía a su antojo"

Los fiscales anticorrupción que investigan la presunta trama surgida en el Consorcio de Turismo Joven bajo mandato del ex presidente balear Jaume Matas (PP) se confiesan sorprendidos por la magnitud del caso. En breve se podrían superar las primeras estimaciones sobre la cantidad de dinero público malversado, que rondaría los tres millones, en un entramado corrupto que suma ya 11 imputados, entre ellos cuatro ex cargos del PP.

Las comisiones ilegales se pagaban por obras innecesarias en Turismo Joven

Los testigos interrogados por la fiscalía coinciden en que el presunto cabecilla de la red, Juan Francisco Gosálbez -en prisión incondicional desde la madrugada de ayer-, "hacía y deshacía a su antojo" y "llevaba las riendas" desde su puesto de jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven. El suyo era, a priori, un cargo técnico, lo que no impidió que Gosálbez, entonces miembro de Nuevas Generaciones del PP, pasara en pocos meses a tomar decisiones que iban más allá de sus atribuciones.

"Tenía potestad, y de hecho lo hizo, para cambiar los sueldos de los trabajadores y el suyo propio", aseguran personas cercanas a la antigua cúpula del consorcio público. Por orden de Gosálbez, ciertos empleados de confianza -entre ellos el entonces contable, Jaime Cerdà, también imputado- habrían visto mejorada su categoría laboral y su sueldo. Siempre "con el beneplácito de Damián Amengual", ex gerente de Turismo Joven y ahora en libertad bajo fianza, que ante el juez se ha esforzado en presentarse como una víctima de la malicia de Gosálbez.

El que fuera superior de ambos como director de Juventud del gobierno balear, Juan Francisco Gálvez -en libertad con cargos-, parece que no se enteraba de nada. Preguntado por estos asuntos, declaró que él no ejercía "un control sobre el día a día" de la entidad y que, de hecho, sólo aparecía por las oficinas "una vez cada dos meses". Los fiscales ya observaron "la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros" sobre la gestión del consorcio, igual que supuestamente ha sucedido en los otros escándalos de corrupción de la era Matas. En un tardío mea culpa, el vicesecretario general del PP balear, Antoni Pastor, reconoció este jueves que "algo falló" en los mecanismos de control durante los años de gobierno de Matas.

La ausencia de esos mecanismos permitió que Gosálbez llevara a término una compleja manipulación para sufragar, con fondos públicos, la compra de un inmueble en el lujoso barrio palmesano de la Bosanova. La jugada era redonda: convenció a los responsables del consorcio para que trasladasen las oficinas a ese local, que previamente él había comprado a través de una sociedad pantalla; y con el alquiler que el consorcio abonaba, él pagaba la hipoteca que había contraído con el banco (648.000 euros). Para obtener ese préstamo, aún fue necesaria otra falsificación: la de la fecha del contrato de alquiler.

Todas las operaciones se realizaban mediante una sociedad pantalla cuya titularidad Gosálbez compartía con su esposa, Maria Auxiliadora Pérez, también imputada y en libertad con cargos. Pérez, peluquera de profesión, declaró haber sido "totalmente engañada" y utilizada como testaferro por su marido.

La esposa de Gosálbez -actualmente en trámites de separación- tampoco sabía nada, según dice, de las comisiones que supuestamente cobraba su marido a las empresas que lograban contratos del consorcio. No obstante, según la declaración de uno de los empresarios implicados, este tipo de manejos era moneda corriente en los despachos de Turismo Joven.

Así fue, al menos, cuando Gosálbez encargó la reforma integral del local antes mencionado. La factura de las obras ascendió a unos 180.000 euros, de los que el constructor confesó haber pagado un tercio (60.000 euros) directamente a Gosálbez, en concepto de comisión.

La fórmula elegida consistía en hinchar las facturas hasta límites inconcebibles y luego repartirse el suculento botín sobrante. Y se convirtió en modus operandi habitual. Así lo reconocieron a los fiscales otros dos empresarios que regentan en Palma un comercio dedicado a los rótulos luminosos, y un tercero responsable de una agencia de viajes. Las reformas y trabajos de adecuación en las diferentes instalaciones del consorcio fueron "numerosísimas e innecesarias" y abarcaban desde servicios de jardinería y forrados de piedra a reiterados servicios de pintura y electricidad no justificados.

Los actuales gestores del consorcio comprobaron que, durante la anterior legislatura, las sedes de la entidad pasaron "de unas oficinas donde el alquiler era de unos 800 euros a tres locales distintos". Por cada uno de ellos se paga unos 4.000 euros al mes, en virtud de unos contratos abusivos y blindados cuyos entresijos centran ahora los esfuerzos de los investigadores.

Entre los otros documentos que se analizan hay decenas de cuentas de restaurantes en Mallorca y Menorca, gastos en tintorerías, numerosos tiques de consumiciones alcohólicas y facturas de hoteles por valor de hasta 800 euros, además de una serie de viajes -a Murcia y Londres, entre otros destinos- no justificados y que nada tendrían que ver con la función pública que entonces desempeñaban los imputados.